A punto de cumplirse 17 años de la tragedia de Pasta de Conchos, la esperanza de que se rescaten los cuerpos de los 63 mineros parece esfumarse, y un grupo de viudas le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga de nueva cuenta y haga que se cumpla su promesa de sacar los restos de sus familiares de las entrañas de la mina de carbón, ya que las autoridades de la Secretaría del Trabajo poco han hecho para lograrlo y menos aún para hacer justicia.

Las labores de rescate prometidas por el Ejecutivo federal comenzaron en abril pasado, pero el 24 de noviembre se suspendieron, y ante la desesperación de las viudas y sus hijos, que temen que el sexenio acabe, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, les respondió que tengan paciencia, ya que los trabajos reiniciarán el 15 de marzo, y si no se logran sacar los restos mortales de los mineros a fines de 2024, “el siguiente gobierno de Morena continuará con esa tarea”.

Claudia Escobar Pacheco, Aída Griselda Farías, Tomasita Almaguer, María Guadalupe Hernández y Rosa María Mejía, quienes se reunieron con la funcionaria el pasado jueves, comentaron que salieron del encuentro “enojadas y decepcionadas”, porque todo indica que la autoridad laboral, al igual que la empresa, está apostando a que los demandantes se desgasten y abandonen la batalla que comenzó el mismo 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió la trágica explosión en esa mina ubicada en la zona carbonífera de Nueva Rosita.

La entrevista se llevó a cabo en la sede del Sindicato Minero, donde, recalcan, han encontrado refugio siempre y el dirigente de ese organismo y senador, Napoleón Gómez Urrutia, nunca las ha abandonado.

A diferencia de Germán Larrea, dueño de Grupo México propietario de la mina, “que hasta ahora no ha dado la cara”, el senador de Morena “nos acompañó desde el primer día, su esposa lloró con nosotros y aún cuando él debió salir del país por la persecución política que emprendió Larrea en su contra, en todo momento estuvo al pendiente”.

El rescate está parado, pero la construcción del mausoleo en honor a los mineros muertos se ha acelerado en Pasta de Conchos, aunque los cadáveres sigan en la mina”, exponen las viudas en una carta al Presidente. En ella, agradecen que haya reabierto el caso, porque los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña lo habían dado como asunto cerrado “para dar gusto a Larrea, responsable de la explosión y del homicidio industrial”.

Aún lamentan la impunidad de que la empresa, con la complicidad del gobierno de Fox, al quinto día de la explosión decidió parar la búsqueda de los 63 mineros atrapados, sin importar si seguían vivos, y por años mantuvo esa postura, incluso, en 2013, la entonces llamada Industrial Minera México interpuso un amparo para impedir por siempre el rescate.

Larrea, uno de los hombres más ricos del país, quiere a toda costa que los restos sigan enterrados, pues de lo contrario se conocerá la verdad sobre la responsabilidad de su empresa en la explosión y “saber cuántos estaban aún vivos cuando se decidió dejar de buscarlos”, insisten.

Después de esa tragedia que llenó de dolor sus vidas, la cual dejó más de 100 niños y jóvenes sin padres, las viudas se aferran a la promesa que en octubre de 2021 les hizo López Obrador. “Es el único mandatario que volteó a vernos, los demás nos ignoraron, se aliaron con la minera; por eso le pedimos que no nos quite esa luz que nos dio”, comenta Claudia Marisela Escobar, viuda de Raúl Villasana, quien a sus 33 años perdió la vida dentro de la mina de carbón la madrugada del 19 de febrero de hace 17 años.

Reyes Cuevas, el esposo de Tomasita Martínez Almaguer, acababa de cumplir 43 años cuando fue a trabajar al fatídico turno nocturno en Pasta de Conchos y no regresó la mañana siguiente, como tampoco lo hizo Rolando Alcocer, el marido de Rosa María Mejía, quien lo esperaba con su almuerzo y una taza de café. Con lágrimas, ambas claman, junto con los demás deudos, por su derecho a recuperar los restos de sus compañeros y saber la verdad de lo que provocó la tragedia.

Tomasita debió responder sola para dar educación y sustento a sus cuatro hijos, mientras Rosa María crió a cinco. Ahora, ambas son abuelas, su salud no es buena, pero advierten que mientras sigan vivas van a insistir en que haya justicia. “Queremos una tumba para llevarles flores; si hasta los animalitos pueden ser enterrados, ¿por qué nuestros maridos no?, pregunta Tomasita.

Ella, Claudia Escobar y Aída Farías participaron en un intento independiente de rescatar los cuerpos de los mineros, en 2008, junto con organizaciones sociales, habitantes de la región y el apoyo que siempre han tenido del Sindicato Minero. Los rescatistas, encabezados por el ingeniero Fernando Acosta, habían llegado cerca de los restos, pero Minera México “involucró a policías estatales” y golpeadores para desalojar por la fuerza a todos.

“Llevaron trompos y trompos de cemento para cerrar la entrada de la mina, y sellar bajo concreto sus culpas”, comenta Guadalupe Hernández. El más pequeño de sus seis hijos tenía tres años en la fecha del siniestro, y “ahora, ya con 20 años, aún llora por el padre que perdió”, relata entre sollozos.

Rosa María Mejía no olvida que hasta el entonces obispo de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza, tres días después de la explosión trató de que se alejara de las instalaciones de la empresa, ya que ella pasaba día y noche fuera de la mina, con los demás familiares.

“Me dijo: ‘vete a tu casa, ahí lleva tu duelo, tu esposo ya está muerto’, y le contesté con mucho coraje: ‘usted, ¿cómo sabe que está muerto?, ¿qué, ya bajó a la mina?’. El obispo me replicó: ‘Ya pasaron tres días, no puede seguir vivo’. ‘¡Tráigame entonces el cuerpo!’, le exigí, y como yo subía la voz, mi hermano me sacó de ahí.”

El dolor y la pena de esos años en el municipio de Santa Sabina se ha mezclado con episodios de rabia e impotencia, como después del encuentro del jueves pasado con la titular de la STPS, en el que estuvo un representante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encargada del rescate de los cuerpos y para lo cual licitó el trabajo a una empresa contratista, la que en noviembre pasado abandonó los trabajos, porque no pudo cumplir con los tiempos. “¡Nadie nos había hecho caso, y ahora nos salen con esto!, exclama Aída Grisela Farías. Resalta que con el ritmo que ha impuesto la STPS no se va a cumplir con la promesa del presidente López Obrador de que los cuerpos de los 63 mineros sean rescatados antes de que concluya su gobierno.

“Tenemos confianza en la CFE, pero la contratista les falló, el trabajo que hicieron fue muy poquito, ni siquiera han concluido con la segunda etapa del proceso y la tercera es artesanal, a pico y pala, nuestro temor es que va a llegar agosto de 2024 y los cuerpos sigan en la mina.”

Es necesario, coinciden, que el jefe del Ejecutivo se entere de la situación real. En la carta que llegó a Presidencia el pasado día 2, le señalan: “Esperamos de usted que lleguemos al rescate de los 63 mineros muertos, nuestros esposos están aún abandonados, como si no fueran seres humanos y, por lo tanto, insepultos, sin la dignidad de tener derecho a una tumba. Confiamos en su profundo sentido de moral y de justicia, como lo hemos hecho desde 2018 y hasta hoy”.