Quito. Los ecuatorianos votaron ayer para elegir autoridades locales en un proceso marcado por el asesinato de dos candidatos y resolver en un referendo si aceptan la extradición de connacionales para combatir la criminalidad.
Al cierre de esta edición no se divulgaron resultados. Las autoridades electorales tienen 10 días para el escrutinio y dar a conocer resultados.
Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado y cuyos resultados fueron divulgados por medios tras concluir el sufragio, arrojó 66 por ciento a favor del sí a la extradición.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó que 80.74 por ciento de 13.4 millones de ciudadanos habilitados participaron en las elecciones y el referendo convocado por el presidente Guillermo Lasso, quien votó en su natal Guayaquil y marcó el sí en las ocho preguntas que propuso para la consulta.
Los ecuatorianos también eligieron 5 mil 700 autoridades locales como alcaldes, concejales municipales y prefectos (gobernadores) que asumirán en mayo para un periodo de cuatro años.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, llamó a los ciudadanos a estar “vigilantes” para evitar que haya “apagones” en el conteo de votos y aseguró que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, brazo político de la Conaie, está recibiendo una ventaja en cuanto a sus candidatos a nivel nacional, según los datos internos de la organización; no ofreció cifras, informó Radio Pichincha
La jornada constituye una prueba para Lasso, ex banquero de derecha en el poder desde 2021 y cuya impopularidad ha alcanzado 80 por ciento. La votación se dio en un contexto de creciente violencia ligada al narcotráfico.
El sábado fue asesinado el candidato Omar Menéndez, de 41 años, quien se postuló para la alcaldía de Puerto López por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al ex mandatario Rafael Correa (2007-2017, que vive en Bélgica).
Hace 15 días Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas también fue muerto a tiros.
Lasso convocó en noviembre al referendo sobre diversos temas de seguridad, política y medioambiente para, según apuntó luego de sufragar, “fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad”.
La primera pregunta se refiere a la extradición de ecuatorianos, lo que está prohibido desde hace ocho décadas.
El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades.
El objetivo no declarado es la entrega a Estados Unidos de narcotraficantes, quienes correrían el riesgo de permanecer ahí presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de los 90.
Al tiempo que ha crecido el narcotráfico en Ecuador (200 toneladas de droga incautadas en 2022), ha aumentado la violencia. Las cárceles son escenarios recurrentes de masacres entre presos rivales, que han dejado más de 400 muertos desde 2021.
En un país de 18.2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.
El referendo también abordó iniciativas como el control de movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico, la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, luchar contra la minería ilegal y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medio ambiente.
El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados.