Mazatlán, Sin., Personas desplazadas por la violencia en los municipios de Concordia y Mazatlán se manifestaron ayer contra autoridades de Sinaloa y funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Sustentable (Sebides) estatal que, aseguran, retrasan la repartición de lotes para las familias que huyeron de sus viviendas entre 2012 y 2017.

La titular de la Sebides, María Inés Pérez, dio a conocer que el gobierno de la entidad, que encabeza el morenista Rubén Rocha Moya, ha censado a 3 mil 46 familias víctimas de desplazamiento forzoso, cifra que podría aumentar, pues la dependencia a su cargo aún recibe documentos de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Los inconformes, la mayoría mujeres, marcharon por la avenida Rafael Buelna hasta el hotel El Cid. Aseguraron que desplazados que habitan unos 105 terrenos de Mazatlán no pueden ocupar esos predios porque carecen de servicios básicos, como agua y drenaje.

Miguel Gutiérrez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, acusó que a partir de que la administración de Rocha Moya –que inició en noviembre de 2021– efectúa un registro de desplazados, la Sebides lo ignora como representante de unas mil 500 familias a las que respalda desde 2017, cuando huyeron de los municipios de Concordia, Rosario y San Ignacio, así como de comunidades de Mazatlán.

Destacó que al dejar sus lugares de origen, muchos pobladores salieron sin pertenencia alguna, pero lograron organizarse para luchar por vivienda y terrenos; construyeron 55 casas y se les asignaron 105 lotes en 2021, último año del sexenio del entonces gobernador priísta Quirino Ordaz Coppel.

Expuso que la gente desconfía del gobierno, pues hay quienes salieron de sus casas por la violencia en la sierra de Mazatlán desde 2010 y habitan en terrenos irregulares del puerto luego de que el gobierno municipal del panista Alejandro Higuera (2011-2013) no los atendió, mientras que Eligio Medina, en ese momento alcalde de Concordia, adquirió dos predios para expulsados.