Frente a la falta de justicia y acceso a la verdad sobre la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde 19 personas, en su mayoría migrantes, fueron asesinadas y calcinadas, para Álvaro Miranda las dudas sobre la muerte de su hijo –una de las víctimas– no cesan. No entiende cómo Osmar pudo haber sido asesinado de esa manera el 22 de enero de 2021. “¿Por qué en lugar de matarlos no nos pidieron un rescate para liberarlos?”, se pregunta constantemente al recordar los hechos.

Aunque por ese caso hay 12 policías estatales detenidos, acusados de homicidio, a más de un año de su aprehensión el juicio está parado, señala Yesenia Valdez, coordinadora de litigio estratégico de la Fundación para la Justicia, que acompaña a las familias de las víctimas.

“Ha sido un proceso muy lento… no hemos podido entrar ni siquiera al debate de juicio oral para poder determinar la responsabilidad”, asevera. “Estamos ante un ejemplo más de impunidad sistémica que padecemos en nuestro país, en tanto que las familias siguen en espera de esa justicia y reparación”, enfatiza.

No pidieron rescate

En entrevista telefónica, Álvaro, quien vive en Comitancillo, Guatemala, recuerda que a su hijo Osmar de apenas 19 años de edad, le gustaba jugar futbol y decidió irse a Estados Unidos “para trabajar, comprar sus cosas y hacer su casa, porque aquí vivimos en extrema pobreza”.

Expresa que “me extraña y golpea mucho” pensar por qué lo asesinaron y por qué quienes tenían a los migrantes, de Guatemala y El Salvador, no pidieron un rescate, como sucedió con sus sobrinos un año antes de que Osmar saliera rumbo a Estados Unidos.

“Sabemos de los grupos que hay, por ejemplo, el de Los Zetas, que secuestraron a un par de primos de mi hijo y pidieron 10 mil dólares para pagar su libertad... Siquiera esas autoridades (en caso de haber estado involucradas), nos hubieran pedido dinero y aquí se hubiera depositado, aunque bajo préstamos”, manifiesta, y exige “que se haga justicia”.

La mayoría de las víctimas de la masacre eran jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, entre ellas había cuatro mujeres, “y todas las personas eran parte fundamental de sus núcleos familiares, es decir, padres de familia, hijos que colaboraban en la manutención familiar, y tenían el objetivo de llegar a trabajar a Estados Unidos”, expone Valdez.

En entrevista, la abogada advierte que con el retraso de las audiencias del proceso contra los policías detenidos “se sigue provocando la reticencia por parte de las autoridades de luchar contra la impunidad”.