Justo la semana en que un estudio del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) arrojó que tan sólo durante las primeras tres semanas de 2023, ocho mujeres fueron asesinadas en Oaxaca, este viernes se realizó en esa entidad una nueva audiencia para Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de intento de feminicidio contra la saxofonista oaxaqueña María Elena. El objetivo, ha denunciado en redes la mujer agredida con ácido, es buscar reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por lesiones, y así lograr su libertad.
“A mí no me lesionaron, me quisieron matar”, escribió María Elena, quien desde hace dos semanas ha denunciado la intención de su agresor de obtener arraigo domiciliario mientras se definía su situación jurídica. La relevancia mediática del caso y las oportunas y valientes acusaciones de María Elena impidieron que el juez Teódulo Pacheco Pacheco y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) ratificaran el permiso que habían otorgado y se vieran obligados a revocarlo. La única medida que corresponde después de este acto de probable corrupción es la renuncia de ambos funcionarios. Pero ni eso.
La impunidad reinante no sólo pone en peligro a la saxofonista, sino a miles de mujeres, en un estado en el que tan sólo en 2022 fueron asesinadas con violencia 169 mujeres, y de estos crímenes únicamente 41 se investigan como feminicidio. En México, lamentó María Elena, “sobrevivir a un feminicidio les permite ampararse a los feminicidas”, y expuso que a 40 meses del intento de asesinarla, la cadena de corrupción ha ido creciendo, hasta llegar al plan actual de reclasificar el delito del que fue víctima.
El acusado, Juan Vera Carrizal ha interpuesto 11 amparos, motivo por el que el proceso se alarga y la justicia no llega. Muchas complicidades patriarcales juegan en contra. El Tribunal Superior de Justicia de la entidad, si no es parte de la violencia institucional que se ejerce sobre ella, debería actuar totalmente distinto a como ha hecho durante estos más de tres años.
La justicia para María Elena es la de todas. Su voz es ahora estandarte de las sobrevivientes. Pero en este país, si el feminicida no consigue su objetivo, el riesgo continúa.
