Lima. Mientras continúan las protestas y bloqueos carreteros en Perú, el Congreso impidió cualquier debate para adelantar las elecciones, previstas para 2026, hasta agosto, al cerrar una de las rutas para renovar a la presidenta Dina Boluarte y al propio Parlamento, algo que exigen los manifestantes desde hace casi dos meses.

Tal situación se propició luego de que la legislativa Comisión de Constitución rechazó debatir una iniciativa presentada por la mandataria, que planteaba anticipar las elecciones presidenciales y legislativas a octubre de 2023, al argumentar un tecnicismo procedimental.

“El reglamento del Congreso estipula claramente que una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta pasada una legislatura”, declaró a periodistas Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País, promotor delejercicio en urnas con el que se descartó la propuesta del Ejecutivo.

El legislador alegó que el tema de la iniciativa ya había sido tratado en varias sesiones. Tanto la Presidencia como el Legislativo tienen un mandato legal de cinco años que se cumple en julio de 2026.

El reglamento del Congreso establece que una “misma proposición” no podrá presentarse “hasta el siguiente periodo anual de sesiones”, el cual comienza a finales de julio de cada año.

“El adelanto de elecciones no puede tratarse hasta la próxima legislatura anual, tendría que esperarse hasta agosto de este año”, estimó Omar Cairo, constitucionalista y profesor de la privada Pontificia Universidad Católica.

Pero el ascenso de Boluarte, que en su calidad de vicepresidenta asumió el cargo en diciembre, luego de que el mandatario Pedro Castillo fuera destituido y arrestado tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, provocó un estallido de protestas exigiendo su renuncia, que ha dejado al menos 58 muertos.

Ante ello, Boluarte pidió al Congreso anticipar la convocatoria a las urnas generando un desfile de iniciativas y debates legislativos infructuosos, que incluyeron adelantar los comicios a 2024 o este mismo año, o realizar un referéndum para decidir si se realiza una Asamblea Constituyente.

Ninguna de las propuestas ha completado el procedimiento requerido, con lo que la fecha prevista para los comicios se mantiene hasta 2026.

“Políticamente no hay voluntad. El Congreso le ha dicho al país hoy que ‘nos queremos quedar hasta 2026’”, indicó Cairo a la agencia de noticias Afp.

Por ahora, según expertos, la única opción de anticipar las elecciones sería una renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar de inmediato a comicios.

En tanto, las protestas en las calles de Lima continuaron ayer.

“Por culpa del Congreso, el pueblo está en las calles; Dina y el Congreso, la misma porquería”, corearon decenas de personas durante una marcha desde la Plaza 2 de Mayo hasta la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima.

La Resistencia, un grupo de extrema derecha, vinculado a los partidos políticos Fuerza Popular y Renovación Popular, se enfrentó anoche con manifestantes que protestaban en contra del gobierno en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, informó en su portal La República.

Día de alerta

Para hoy están anunciadas grandes manifestaciones en la capital y en otros puntos del país, mientras siguen activos 81 bloqueos de carreteras en siete regiones de Perú.

En la zona central de Junín, la policía y el ejército desbloquearon la carretera central, principal vía para la distribución de alimentos a la capital, informó la emisora RPP.

El jefe de la región, el coronel Eduan Díaz, declaró que las fuerzas del orden lograron, mediante el diálogo, que los dirigentes y más de 300 manifestantes se retiraran para poder limpiarlo de decenas de piedras, palos y llantas.

Mientras que en Chanchamayo, el puente de Sangani en el distrito de Perené continuó bloqueado.

En el departamento de Lima, decenas de manifestantes taponaron la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco, informó La República.

Con barricadas de tierra y piedras, habitantes del departamento de Puno, sureste, impiden el paso por el puente internacional de Desaguadero, una localidad emplazada sobre la línea fronteriza binacional, en el sur del lago Titicaca.

“Estamos tratando de sobrevivir”, declaró Francisco Cruz, un transportista peruano que hace más de 30 días está varado junto con decenas de camiones de carga cerca del puente que une los territorios de Bolivia y Perú, en el altiplano andino.

En Cusco, la capital del imperio inca, joya del turismo en Perú, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción local exigió al Congreso a tomar una pronta decisión a fin de poner fin a las continuas movilizaciones que se reportan en el país, y que generan pérdidas económicas.

En la ciudad sureña de Arequipa, un grupo de comerciantes realizaron una queja masiva en contra del gobierno de Dina Boluarte.

En tanto, la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que las autoridades andinas no cuentan con pruebas para asegurar que las manifestaciones antigubernamentales de las recientes semanas sean impulsadas por grupos criminales, como señaló la presidenta Boluarte.

“No tenemos ninguna evidencia (...) Pero tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, señaló Gervasi durante una entrevista para el periódico The New York Times, en la que aprovechó para reiterar el mensaje de Boluarte y elucubrar que los manifestantes “están siendo financiados”.

Boluarte lanzó a finales de enero un discurso a la nación en el que advertía de que lo ocurrido en las calles de Perú “no es una protesta pacífica”, sino “una acción violenta generada por un grupo de personas radicales” vinculadas con “el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”.

Por otra parte, el Consejo de Ministros desmintió que ninguno de sus integrantes ordenara a la policía la controvertida intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, en la que irrumpieron por la fuerza montados en una tanqueta y detuvieron a 200 personas.

“Falso. Ningún funcionario del Consejo de Ministros impartió orden alguna a la comandancia general de la policía de Perú para que interviniera el día 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, al negar la información publicada por el semanario Hildebrandt en sus trece.

El pasado 21 de enero, unos 400 agentes irrumpieron violentamente en dicha universidad para desalojar a los manifestantes que pernoctaban en el centro.