Buenos Aires., Como un desafío al proyecto oficial de realizar un juicio político a la Corte Suprema de Justicia actual, el juez de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, resolvió que la investigación de los funcionarios judiciales que recientemente viajaron a lago Escondido, del que se ha apropiado ilegalmente el empresario británico Joe Lewis, quien tiene una mansión al borde del mismo, debe resolverse en los tribunales de Comodoro Py, cuya mayoría de magistrados responden cada vez con mayor evidencia a la derechista alianza Juntos por el Cambio (JpC).

Esto sucede cuando luchadores contra la usurpación del lago por Lewis fueron reprimidos esta semana violentamente por los guardias civiles del empresario, y se denunció también de grupos policiales que dejaron varios lesionados, tanto en los que iban por el camino directo, como al grupo que llegó atravesando tramos difíciles, quienes fueron golpeados e impedidos de continuar los pocos kilómetros que quedaban hasta el lago.

Es la séptima marcha para recuperar el libre acceso al embalse natural ahora enrejado por Lewis y sus matones en el territorio de la provincia de Río Negro, donde llegaron los manifestantes de unas 12 provincias divididos en tres grupos, convirtiéndose en la mayor movilización de los años recientes y singular por la calidad de sus demandas exponiendo una situación poco conocida sobre la ocupación extranjera en este territorio, y leyendo una investigación publicada recientemente.

En diciembre de 2011, bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se votó la Ley 26.737, entre cuyos primeros objetivos se demanda establecer límites a la titularidad de las tierras rurales adquiridas por extranjeros dentro del territorio nacional. La investigación referida demostraba que de las 266 millones de hectáreas computadas en el Registro Nacional de Tierras Rurales, en 2022 hasta 5.02 por ciento eran propiedad de extranjeros y de ellos, los mayores registros de tierras en manos foráneas estaban en los departamentos rionegrinos de Bariloche, El Bolsón y Lacar.

“Esa extranjerización de tierras, riquísimas en recursos naturales, sumaban entre 12 y 13 millones de hectáreas, con otro datos donde advierten que la mayoría se encuentran en zonas limítrofes, en la siguiente escala: Salta, Misiones, San Juan, Corrientes, Mendoza y Catamarca.”

En 2015, más de 6 por ciento del territorio argentino estaba en manos de extranjeros. Ahora, su número sigue aumentando y se prepara un informe con todo lo que se perdió durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), peronista que traicionó el programa por el cual fue elegido, y de Mauricio Macri (2015-2019) de la llamada “nueva derecha” y ultraderecha de JpC, y cómo cada vez la riquísima y extensa Patagonia va perdiendo territorio y soberanía.

Poco se sabe de las ventas y ocupaciones irregulares, mientras se persigue y desaloja de sus tierras ancestrales a las comunidades de pueblos originarios en La Patagonia y otros lugares del país, porque son la muralla de las viejas culturas contra los nuevos invasores.

Los mapuches y otros grupos en el sur están “encajonados” por acciones de la ex ministra de Seguridad de Macri, la polémica Patricia Bulrich, quien tiene denuncias y juicios abiertos que han convertido en “terroristas” a los pobladores y comunidades ancestrales que se defienden del nuevo saqueo.

Paralizadas

Esta impunidad mantiene también paralizada la causa de la indagatoria sobre el intento de asesinato contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner, ocurrido a fines del año pasado, desde el momento en el que se llegó a los autores intelectuales y a quienes financiaron el atentado y las pesquisas tocaron el entorno más cercano de Macri:

Además, la Comisión de Juicio Político del Congreso sostuvo esta semana una segunda reunión en la que legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales ratificaron sus denuncias contra los ministros que integran la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones y abuso del poder.

A manera de acción simbólica, la ex detenida Patricia Issasa, arquitecta secuestrada en la provincia de Santa Fe durante la última dictadura militar, fue la primera que intervino como testigo, y denunció a Rosatti, al que recurrió cuando éste era intendente de la capital santafecina entre 1995 y 1999 para hacerle saber que Eduardo Alberto Ramos Campagnolo El Curro fue su torturador en el tiempo en que permaneció desaparecida y él trabajaba en la municipalidad de Santa Fe. “Se decía que era una especie de matón del intendente Horacio Rosatti... y decían más cosas, me puse a investigar y descubrí a este y otros personajes siniestros”.

Ella creía que Rosatti tomaría una medida ante esta denuncia con pruebas más que suficientes, pero el magistrado argumentó que era un antiguo empleado municipal. Como también dio otros nombres de participantes en los siniestros centros de detención, y había ido con todas sus esperanzas de justicia pero recibió indiferencia de quien debía protegerla como ciudadana, se fue de su provincia y vino a Buenos Aires, porque advirtió la complicidad mafiosa con sus victimarios, lo que ponía nuevamente en peligro su vida y la de su familia.