Familiares de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos por militares y policías estatales en 2007 en Oaxaca, reprocharon que si bien el miércoles pasado se tenía programado que en la Fiscalía General de la República (FGR) empezara la toma de declaraciones de los mandos castrenses que estuvieron en funciones cuando sucedieron estos hechos, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pidió que se reprogramara, ya que no habían podido notificar a todos los que debían acudir.

En un pronunciamiento, explicaron que la citada unidad envío un correo electrónico a la Ministerio Público correspondiente para informar que no se presentarían los elementos citados, ya que, según manifestó, no habían podido notificar a todos, porque alguno ya había causado baja del Ejército. Además, le pidió “que las mismas se desarrollaran en las instalaciones de la Sedena, para ‘salvaguardar la integridad física del personal militar’”.

Los familiares recordaron que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Nación, que emitió sobre el caso en agosto de 2022, se indica que “la Sedena tiene que dar todas las facilidades para la búsqueda y para proporcionar toda la información acerca de todos los altos mandos y elementos del Ejército que estaban en funciones en mayo de 2007”.

Por otra parte, en entrevista, Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, expuso que tras dos sesiones de la Comisión Especial de Búsqueda, integrada por distintas autoridades de gobierno para atender la desaparición de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ya han avanzado en los planes para realizar acciones que lleven al paradero de las víctimas y se lleven a cabo las investigaciones.

Además ya se formalizó la participación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la de Naciones Unidas, para acompañar a los familiares como observadores.