Ciudad de México. La iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en diciembre pasado, “no se hizo sobre las rodillas ni es una ocurrencia. Es resultado de diálogos, foros, encuentros y seminarios en los que participaron miles de integrantes de la comunidad científica, incluidos quienes sistemáticamente se oponen a todo lo que proponga la Cuarta Transformación, a nadie se excluyó”, afirma Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Asegura que el proyecto se llevó cuatro años de gestación y búsqueda de consensos, porque uno de los objetivos es “hacer una federalización real, profunda y sustantiva, ya que cada estado deberá emitir sus respectivas leyes locales, dentro del marco de la norma general, para asegurar que la ciencia y sus beneficios sean un derecho universal”.

En entrevista, Álvarez-Buylla destaca que la propuesta para un nuevo marco normativo, que se prevé pueda discutirse en el actual periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, reconoce al “conocimiento como un bien común y no como una mercancía, porque la ciencia no es para el privilegio de las élites”.

Además, el proyecto busca establecer “cero corrupción, eficiencia administrativa, rigor científico, así como pertinencia social y ambiental”.

La directora del Conacyt rechaza críticas según las cuales la futura ley limitará la liberad de cátedra e investigación. “Uno de sus preceptos básicos es el respecto irrestricto a la libertad de los científicos. No se trata de definir qué es o no ciencia, ni de determinar lo que puede o no hacer la comunidad científica”.

Recuperados, 26 mil mdp

Álvarez-Buylla, experta en genética molecular y Premio Nacional de Ciencias 2017 en el campo de físico-matemáticas y naturales, destaca que esta iniciativa nace en congruencia con lo que marca el artículo tercero de la Constitución, que mandata hacer de la ciencia un derecho humano y además tiene como uno de sus ejes centrales “desenraizar la corrupción”.

Subraya que sólo en los primeros tres años este gobierno pudo recuperar, en beneficio del erario, más de 26 mil millones de pesos por la detección de que el Conacyt destinó más de 7 mil millones de pesos a 10 mil proyectos científicos inconclusos y sin seguimiento. Fondos que “logramos recuperar y entregar a la Tesorería de la Federación”.

La iniciativa de ley, explica, es congruente con los principios del humanismo mexicano, con los que “se combate la corrupción, se fomenta la transparencia, la honestidad y la democracia en todas las decisiones”.

Como todos los estados lo hacen en el mundo, enfatiza, también propone estrategias y prioridades para atender problemas urgentes. “Se busca optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar un acceso universal al conocimiento y sus aplicaciones, así como el respeto a nuestras culturas y un diálogo de saberes que no desdeñe formas distintas de generar el conocimiento”.

Otra ventaja, subraya, es que “nace con demostraciones de concepto, pues mediante modificaciones de reglamentos, lineamientos y siguiendo lo que nos permite la muy parchada Ley de Ciencia y Tecnología, logramos generar el Sistema Nacional de Posgrados, que permite que los apoyos económicos lleguen directamente a los estudiantes, sin intermediarios”.

Con esta iniciativa, afirma Álvarez-Buylla, “se impulsa de manera decidida la ciencia básica y de frontera, para que nunca más, como sucedió en 2017 y 2018, se deje en cero pesos la inversión en este sector, pero también se da un mandato explícito para que la inversión en ciencia no pueda recortarse”.