El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que con el plan B, Andrés Manuel López Obrador “ahora podrá intervenir directamente –como jefe del Ejecutivo– en los procesos comiciales para favorecer a su partido o descalificar a sus adversarios”.
Al participar en una videoconferencia de la Universidad de Siena, Italia, señaló que la reforma altera los pilares de la democracia, lo cual abre la puerta a litigios.
Después de un repaso a los elementos más importantes que en su opinión tiene la reciente modificación a la ley, indicó que “también la equidad en la competencia se rompe, porque permite que los gobernantes puedan utilizar la propaganda gubernamental para fines políticos e intervenir directamente en las contiendas”.
Por ejemplo, dijo, el Presidente, que en México no puede ser relecto y, por tanto, no tiene por qué participar en una elección porque no está sometido su mandato en la renovación de las urnas, ahora podrá inmiscuirse en los procesos electorales.
En suma, precisó Córdova a los académicos italianos, el plan B viola los principios básicos de la democracia, porque “anuló la representación de las minorías y significa una insana subordinación de las mayorías del Poder Legislativo al Ejecutivo (autocracia), lo que claramente nos pone de cara a una regresión antidemocrática operada por una mayoría de tintes tiránicos”.
Y precisamente por considerar que la reforma tiene “flagrantes violaciones a la Constitución”, estimó que el Poder Judicial “debería llevarla a la invalidación total”.
En la controversia presentada por el INE en la Corte, lo primero que debe avalar es su interés jurídico para impugnar los cambios a la ley relacionados con el concepto de propaganda gubernamental. En el documento de 129 cuartillas entregado al máximo tribunal, el instituto asegura que sí lo tiene, porque el plan B “obstaculiza o imposibilita” su atribución de vigilar la equidad.
Al mismo tiempo, reconoce que la comunicación social de las autoridades y la propaganda gubernamental pertenecientes a todos los órganos de gobierno “no es un tema que pertenezca a lo que en estricto sentido esta Suprema Corte ha considerado como materia electoral”.
