Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de las dos leyes vigentes del paquete de reformas electorales, relacionadas con propaganda gubernamental y tareas de comunicación social, al señalar que estos cambios permiten la intervención de los gobiernos en las elecciones.

Según el organismo, los cambios legales también “merman” su autonomía y “su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Tal como lo había acordado por unanimidad el consejo general del INE, este primer recurso va en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

Argumenta que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda.

Igualmente señala que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

Afirma, por tanto, que la reforma aprobada “desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos”.

Lo anterior, afirma el INE, contraviene el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

Considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.

Además, en este recurso se alegan diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades.

En su consideración, ello derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.

“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, añade el árbitro electoral.