La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, al considerar que se encuentran en una situación “de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable a sus derechos”, debido a que han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente sus actividades pastorales en la zona.

Pidió al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios, entre ellas garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra, así como que desarrolle acciones que les permitan continuar sus labores pastorales, y que informe sobre lo que hace para investigar los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento.

Señaló que el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en junio de 2022, desató también un contexto de estigmatización y deslegitimación a los beneficiarios de las medidas cautelares, tras sus denuncias y actuaciones ligadas a las pesquisas por el homicidio de sus compañeros, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.

La CIDH detalló que el Estado le informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región, el establecimiento de una base de operaciones interinstitucionales con enfoque multicultural y la instalación en Choréachi de una subsede del Ministerio Público, entre otras.Sin embargo, el organismo consideró que “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las 11 personas de la comunidad jesuita”.