Ciudad de México. Frente al “creciente descontento social y la disminución de la confianza en las instituciones públicas”, tendencia presente en América Latina y el Caribe “desde hace algún tiempo”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recicló la recomendación de realizar “reformas estructurales”, pero advirtió que “encontrar un terreno común para llevar a cabo reformas económicas sensatas en un entorno de importantes tensiones sociales será una batalla cuesta arriba”.

El organismo explicó que si bien el año pasado la economía de la región avanzó 3.9 por ciento, para el actual se espera que el producto interno bruto desacelere a 1.8 por ciento, lo que sumado a la alta inflación y la incertidumbre global acarreará un deterioro en las condiciones materiales de gran parte de la población, mientras “la posibilidad continua de disturbios y parálisis política tiene el potencial de erosionar la confianza y pesar sobre la actividad económica”.

El crecimiento mundial está desacelerándose en 2023 pero debería repuntar en 2024. La reapertura de China, el dinámico mercado laboral de Estados Unidos con menor inflación y un invierno benigno en Europa han ayudado a evitar lo peor. Lea nuestro informe: https://t.co/3YG8ghKlo8 pic.twitter.com/eoblXqyp9T

— FMI (@FMInoticias) January 31, 2023

El FMI destacó que las tensiones sociales se exacerbaron durante la pandemia, cuando aumentó la pobreza y la inseguridad alimentaria. Además de afectar a los trabajadores de menos ingresos, la crisis dejó a la clase media en una situación económica inestable, dado que sus ingresos se han visto mermado por la inflación y muchas pequeñas empresas fueron afectadas por los cierres.

“Revertir estas tendencias y el impacto de la pandemia requiere restaurar la estabilidad macroeconómica e impulsar el crecimiento de manera duradera a través de reformas estructurales” para mejorar la productividad, incentivar la inversión y facilitar la creación de empleo, recomendaron los analistas del FMI, así como no relajar la política monetaria y enfatizar el gasto social mientras se reduce la deuda pública en el corto plazo.