Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, al considerar que se encuentran en una situación “de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, debido a que han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente sus actividades pastorales y de apoyo en la zona.

Pidió al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios, entre ellas garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra, así como que desarrolle acciones que permitan a estas personas continuar realizando sus labores pastorales, y que informe sobre lo que realiza para investigar los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento.

Señaló que el asesinato en junio de 2022 de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, desató también un contexto de estigmatización y deslegitimación a los beneficiarios de las medidas cautelares, tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los prelados, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado.

Indicó que si bien a consulta de la CIDH el Estado informó sobre el refuerzo de las medidas de seguridad en la región; el establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público; así como de acciones adoptadas en el marco del Plan de Atención Integral, entre otras, “no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las 11 personas de la comunidad jesuita”.

Expuso que al considerar el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, y analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal.