Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, a fin de que pongan en práctica acciones que les permita recobrar la gobernabilidad, seguridad y debido funcionamiento de los centros penitenciarios del país, con el fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos.

Refirió que según el último Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año 2021 ocurrieron 2 mil 840 incidentes en los centros penitenciarios federales y estatales, lo que representó un aumento de 22.6 por ciento respecto a la cifra reportada en 2020.

En dichos incidentes, explicó, estuvieron involucradas 8 mil 830 personas, además, 110 fallecieron y 691 resultaron heridas. Del total de eventos, el 74.6 por ciento, es decir, 2 mil 119 correspondieron al ámbito estatal y el 25.4 por ciento, 721, al federal.

Ante este panorama, pidió a las diversas autoridades del Estado mexicano que, entre otras acciones, elaboren junto con un equipo multidisciplinario, un diagnóstico de detección e identificación de riesgos detallado en cada centro penitenciario, a fin de establecer un Plan Estratégico de Acciones Urgentes y Graduales para el Restablecimiento del Orden, Seguridad y Operatividad en cada entidad y de la federación.

Igualmente, que contemplen en el Plan Estratégico un análisis georreferencial del lugar en que se localiza cada centro penitenciario, que incluya las condiciones sociales, educativas, económicas, multiculturales, por índices de violencia, tipo de población penitenciaria de acuerdo con la región y su posible vínculo con grupos criminales o delincuencia organizada, entre otras.

La CNDH pidió además identificar zonas o áreas en las que priva el autogobierno y los privilegios y al que no se tiene acceso institucional derivado del control que mantienen personas privadas de la libertad, a fin de determinar las medidas estratégicas y de inteligencia necesarias para desmantelarla. Asimismo, dar vista a las autoridades competentes de los posibles actos de corrupción, sustancias, objetos o materiales indebidos y se inicien las investigaciones administrativas y/o penales correspondientes.

Insistió en la “imperante” necesidad de que las personas privadas de la libertad sean visibilizadas como “seres humanos con dignidad y derechos, lo que admitirá que quienes se encuentran a cargo de su custodia, atención, cuidado y reinserción, lo hagan mirándolos como su igual y no como a un ser que deba ser castigado a partir de la conducta delictiva, a través de la consumación y agudización de malos tratos o condiciones denigrantes a partir de su ingreso a dicho lugar”.

Refirió que los eventos violentos ocurridos en cada centro, permiten observar una fórmula peligrosa detonadora de estos como: la sobrepoblación, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, una debida capacitación, deficiencias en sus condiciones laborales y equipamiento, la falta de supervisión de titulares de los centros, deficiencias en la clasificación de las personas y el autogobierno o cogobierno.

En este sentido, señaló que el número total de personas privadas de la libertad es de 229 mil 621 hasta agosto de 2022, en tanto que los servidores públicos a cargo de funciones de seguridad y custodia son 20 mil 542.