Uno de los argumentos explosivos que usa la pareja de muy próximos ex consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se refiere al presunto riesgo de que, al desmontarse una parte del oneroso y longevo aparato de organización electoral que ellos y otros personajes similares han construido, se podría llegar a escenarios caóticos, a la ruptura de la paz social.

Con tal argumento de apocalipsis electoral y social cuando sus hechuras en el Instituto Nacional Electoral no sean las mismas, los dos jefes han decidido pasar al activismo abierto contra el llamado plan B, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se espera que en el mes en puerta lo sea por la de Senadores. Inconformes con el proceso legislativo que va en vías de aprobación por los representantes formales de la ciudadanía, es decir, los diputados y senadores a quienes los ciudadanos dieron mayoría en el Poder Legislativo federal, los consejeros del INE y los partidos contrarios al obradorismo (PAN, PRI y PRD) han anunciado que solicitarán a la Corte que declare inconstitucional tal plan. Pero, en añadidura de partidismo abierto, Córdova y sus aliados invitan a la gente a que presente impugnaciones similares.

Resulta contrario a las pretensiones de legalidad e institucionalidad que con frecuencia esgrimen esos personajes y otros similares, que además de las solicitudes institucionales de declaratoria de inconstitucionalidad se pretenda armar un “movimiento social” y se insista en asustar con el petate del muerto de la violencia poselectoral.

La historia política y electoral de México ha estado dominada por intereses y poderes que usaron los instrumentos institucionales para convalidar fraudes electorales e imposiciones, sin que se haya roto la paz social, a pesar de que esas maniobras sucias hayan significado atraso, injusticia y desigualdad en el ejercicio de los poderes políticos. Pero, ahora, con un plan B y un oratoria desproporcionada, los insurrectos Córdova y Murayama ven en riesgo… la paz social. Se necesita cara dura.

Continúa el proceso de integración de partidos y organizaciones de América Latina que comparten la visión del Partido Republicano de Estados Unidos. El próximo 8 de marzo se realizará en República Dominicana el primer foro de la Alianza Republicana de las Américas, bajo la presidencia del derechista dominicano Juan Cohen Sander, quien fue candidato a la presidencia en 2016 por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana.

Según el programa participará Donald Trump junior, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Trump. En los gráficos que promueven el encuentro se han colocado en lo alto las imágenes del anfitrión, Cohen Sander, del hijo del ex presidente de Estados Unidos y del mexicano Juan Iván Peña Neder, presidente del Partido Mexico Republicano, sin registro oficial. Habrá cuatro invitados especiales: la ex diputada española de Vox y, en su momento, coordinadora de la bancada de ese partido de ultraderecha, actualmente retirada de la vida partidista; los cubanos Guillermo Fariñas, apodado El Coco, y Manuel Milanés, además del hondureño Salvador Nasralla.

La sesión de este lunes en Nueva York fue favorable para los abogados defensores de Genaro García Luna, pues el testigo llamado a comparecer, Óscar Nava Valencia, apodado El Lobo, hubo de aceptar que no tiene pruebas de las acusaciones que hizo contra el ex secretario de Seguridad Pública, a quien había dicho que años atrás entregó 10 millones de dólares.

Además de caer en contradicciones, El Lobo dio pie a que el juez del caso advirtiera que no permitirá la difusión de rumores y que los testigos deben ser capaces de dar la identificación de las fuentes que mencionen. Nava Valencia aseguró, entre otras cosas, que los narcotraficantes tenían control pleno de los aeropuertos de la Ciudad de México, principalmente, y de otros lugares del país. ¡Hasta mañana!

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