Continúan desaparecidos, desde el pasado 15 de enero, el abogado de comunidades indígenas, de larga trayectoria, Ricardo Arturo Lagunes, y Antonio Díaz Valencia, profesor y líder comunal de Aquila, Michoacán, candidato a presidir el comisariado ejidal, y defensor del medio ambiente. Los hechos sucedieron cuando regresaban de una asamblea en la comunidad nahua de Aquila sobre la renovación de las autoridades de bienes comunales, que por razones ajenas a los 465 comuneros se ha pospuesto desde hace dos años... De inmediato lo denunciaron sus familiares al perder contacto con ellos. La camioneta pick-up blanca en que viajaban apareció, al parecer sólo horas después, con impactos de arma de fuego, en los límites de Michoacán y Colima, en la carretera federal a Manzanillo, en la zona de topes de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. No se proporcionó mayor información ni se precisó qué autoridades encontraron el vehículo.
Numerosas reacciones, con la exigencia de búsqueda y aparición con vida, se sucedieron. Destacan el Centro Fray Matías de Córdova; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan escribió un muy elocuente artículo sobre la amplia trayectoria del abogado Lagunes. También opinaron, en el mismo sentido, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional México, entre otros. En uno de los pronunciamientos se destacó que la desaparición “se da en un contexto de asesinatos, amenazas, intimidación, hostigamiento y agresiones físicas a comunidades de la región”. Sólo recordemos que tres días antes asesinaron a guardias comunitarios de Ostula y hasta la fecha no hay reacción oficial ni se conocen indagatorias que por ley debe emprender la fiscalía de Michoacán.
En este caso sí dio cuenta de las acciones efectuadas para la búsqueda en el comunicado de prensa 131/2023, del 19 de enero, en el cual reconoce que tuvo conocimiento de la desaparición el 16 de enero. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 20 de enero, al preguntársele sobre el tema, señaló: “Hay un equipo, una coordinación de todo el gabinete de seguridad para hallarlos”. Afirmó que se trata de activistas que se dedican a defender el medio ambiente de manera auténtica y aseguró que su gobierno mantiene comunicación con sus familiares, los cuales –por cierto– lo abordaron en Morelia, en su gira del pasado fin de semana reiterando la exigencia de búsqueda. Justamente, el pasado 22 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en este caso al considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos luego que hayan desaparecido hasta la fecha en México” (resolución 1/2023). Si bien valoró las acciones desplegadas por las autoridades mexicanas y la información disponible, señaló que ésta da cuenta de que no hay datos sustanciales sobre el destino o paradero de Ricardo y Antonio por lo que consideró que las personas beneficiarias podrían encontrarse en riesgo inminente (comunicado 008/23, del 26 de enero).
Aún no es momento de hacer balances, no antes de que participen en ello Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sólo atisban hechos irrefutables. Han desaparecido a un defensor de derechos humanos y a un líder comunitario con arraigo probado en sus causas. Sus familias de inmediato lo denunciaron al perder contacto con ellos, las comunidades cercanas se movilizaron, bloquearon carreteras, tomaron instalaciones de la mina Ternium Las Encinas (la cual se ha deslindado no obstante reconocer que ha firmado y mantenido convenios con una parte de los comuneros de Aquila), los organismos nacionales de derechos humanos, organizaciones indígenas y amplios sectores sociales de inmediato exigieron su búsqueda y aparición con vida. Incluso la comunidad de migrantes en Nueva York Movimiento por Justicia del Barrio. Igual los diversos espacios de la Organización de Naciones Unidas y la CIDH que emitió medidas cautelares. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una alerta urgente.
La Procuraduría Agraria tendrá que responder en torno al aplazamiento del cambio de autoridades comunales. Pero un dato es clave: ¿en qué momento se incorporaron a la búsqueda de la desaparición ocurrida el pasado 15 de enero las autoridades federales y estatales? Las fiscalías de Colima y de Michoacán ¿abrieron una carpeta de investigación para dar sustento a sus diligencias? ¿Cuándo lo hicieron el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Son algunas preguntas que, cual telón de fondo, están vinculadas al objetivo de localizar con vida al abogado Ricardo Lagunes y al comunero Antonio Díaz.
