Bogotá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó ayer al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6 mil integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” que incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, torturas y asesinatos a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, declaró a la agencia Ap la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado en 1996 y vivió en el exilio 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro –primer mandatario progresista en la historia de Colombia– aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6 mil víctimas directas de la UP, 3 mil 170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, mil 596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a matanzas contra integrantes de la Unión Patriótica.

“No eran balas perdidas”

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, denunció Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era sólo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

En tanto, la Armada de Colombia abatió en una “operación ofensiva” a nueve presuntos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, en el golpe más duro contra esa guerrilla desde que se instaló la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, informaron fuerzas militares.