El presidente Bukele ha cometido, bajo su régimen de excepción (ver “El Salvador no merece regresar al pasado” La Jornada, 19/12/22), un sinfín de atropellos a los derechos humanos. La detención, el 11 de enero, de cinco defensores ambientales en lucha contra el regreso de la destructiva minería metálica al país, ha puesto en evidencia su desesperación después de su fracasada aventura en la criptomoneda bitcóin. Se teme que busque revertir la prohibición a la minería en El Salvador que en 2017 conmocionó a la rapaz industria extractiva global.

Los defensores ambientales apresados, todos críticos del régimen de Bukele, son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Saúl Agustín Rivas y Antonio Pacheco (o don Antonio como afectuosamente le llamamos).

Luis Parada fue el abogado salvadoreño que llevó a su país a ganar el juicio que la minera canadiense Pacific Rim le interpusiera en el CIADI del Banco Mundial por 250 millones de dólares, por no haber conseguido permiso de explotación de una mina de oro que hubiera contaminado el río Lempa, fuente de agua para más de la mitad de los 6.2 millones de habitantes de El Salvador. Parada recién dijo en un tuit: “Es más que evidente que el arresto y detención prolongada de los líderes ambientalistas de Santa Marta (ex combatientes del FMLN) no busca justicia. Es parte del macabro plan de Bukele de reabrir El Salvador a la devastadora minería metálica”.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, afirma, en cambio, que las detenciones están relacionadas con un presunto asesinato cometido hace más de 30 años durante la brutal guerra civil. Pero estas acusaciones tienen fines políticos.

Como señalamos en una declaración de más de 250 organizaciones sociales y civiles de 29 países (https://bit.ly/3HDrWFS), el gobierno de Bukele nunca se ha preocupado en procesar a los militares responsables de decenas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Entre éstas, una masacre de 1981 que dejó 30 muertos y 189 desaparecidos en Santa Marta, la comunidad de los detenidos, en el norte de El Salvador. La declaración establece que “esto plantea aún más dudas sobre si la verdadera motivación del fiscal general es intentar silenciar a estos defensores del agua, especialmente tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus oponentes políticos”.

Don Antonio, como se documenta en el libro Defender el agua de John Cavanagh y Robin Broad (editorial Grano de Sal), ha sido líder, junto a la infatigable Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), una de las organizaciones fundadoras de la Mesa nacional frente a la minería metálica. Ha sido fundamental en la promoción de la educación ambiental, componente esencial para la movilización nacional y el apoyo de la Iglesia, e incluso parte del empresariado nacional y después la solidaridad internacional, para frenar la destrucción minera. Don Antonio ya ha recibido amenazas de que correría la misma suerte que Marcelo Rivera, quien fue líder de la lucha en contra de la minería de oro en la región de Cabañas, y su primer mártir, después de ser torturado y asesinado en junio de 2009. No es de extrañar que los autores intelectuales detrás de los intereses mineros, del asesinato de Marcelo y de otros líderes ambientalistas sigan libres.

Antes de su detención, Antonio Pacheco y sus compañeros habían denunciado sospechosas apariciones de desconocidos que ofrecían arrendar tierras de agricultores por cantidades exorbitantes de dinero y aportar fondos para supuestos programas sociales en el departamento de Cabañas, estrategia que la empresa Pacific Rim ya había intentado en el pasado. Estas apariciones, nos comentan ambientalistas, son una señal de que el gobierno de Bukele estaría colaborando con empresas mineras trasnacionales, incluso chinas, con miras a anular la ley que prohíbe la minería.

Nos informan desde ADES que a don Antonio y sus compañeros “se les mantiene temporalmente en un centro de detención judicial en Soyapango con muchas limitaciones: se les mantiene en aislamiento, no se les permite recibir visitas familiares, los abogados sólo pueden verlos durante cinco minutos y sólo se les permite tomar medicamentos con receta médica, pero en este momento no tienen acceso a proveedores de atención médica (esto es particularmente duro para don Antonio, que toma suplementos naturales recetados por naturópatas, pero los funcionarios del centro de detención no reconocen la medicina naturista)”.

En El Salvador vemos cómo Bukele ejerce su poder para acabar con toda oposición en sus ansias de perpetuarse en el poder. La forma en que se desarrolle el caso de las acusaciones revanchistas contra los defensores ambientales será un indicador del futuro del respeto a los derechos humanos en el país.

Gracias a su increíble valentía, respaldada por una fuerte solidaridad internacional, estos defensores del medioambiente y del agua han ganado batallas contra formidables fuerzas económicas y políticas. La lucha debe continuar para conseguir su libertad y mantener a la minería fuera de El Salvador. La lucha de David contra Goliat, como dijo Vidalina desde 2009, cuando la Mesa nacional frente a la minería metálica de El Salvador recibió el premio de derechos humanos Letelier Moffitt, no ha terminado.

Entre las múltiples declaraciones de solidaridad de todo el mundo, organizaciones internacionales exigen al gobierno de Bukele que retire los cargos contra los cinco defensores del agua y, en caso contrario, los ponga en libertad a la espera de juicio.

* Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)