La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que entregar copias públicas de los contratos que firmó con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., proveedora del programa de espionaje telefónico Pegasus, según determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante su sesión de miércoles pasado, el pleno del organismo autónomo señaló que se trata no sólo de transparentar el uso de recursos públicos, sino también de las actividades de intervención de comunicaciones privadas, las cuales no pueden hacerse sin autorización judicial.
“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no sólo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, señaló la comisionada Josefina Román Vergara, ponente en este asunto.
Se trata de los contratos DN-10 SAIT1075/P/2019 y DN-10 SAIT-1038/P/2018, firmados por la Sedena para el servicio de “monitoreo de información remota”, cuya información se ha negado hasta ahora por razones de seguridad nacional.
El INAI basó su resolución en el artículo 70, fracción 28 de la Ley General de Transparencia, donde se establece que la información sobre los procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de contratos de cualquier naturaleza debe ser dada a conocer al menos en una versión pública.
La Sedena había respondido a esta petición de información que en las oficinas de su Estado Mayor, Oficialía Mayor y las direcciones generales de Transmisiones y Administración no encontró datos sobre estos contratos, sin embargo, el INAI señaló que la búsqueda no fue exhaustiva, que hay indicios de que estos contratos se firmaron y que debe hacer una pesquisa más a fondo.
“Derivado de una Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones a la Sedena, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se constató que la dependencia sí celebró un contrato con la Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019”, señaló el INAI.
Cabe señalar que la Sedena aún puede recurrir esta decisión del INAI ante tribunales e incluso llevar su caso hasta la Suprema Corte, donde ya se ha avalado mantener la reserva de información en poder del Ejército por razones de seguridad nacional.
