México está en una posición inmejorable para garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. La sentencia del 7 de septiembre de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que de manera unánime declaró inconstitucional la criminalización del aborto, abrió la vía para eliminarlo de los códigos penales federal y estatales. No es un crimen, sino un tema de salud, afirmó Fernanda Vanegas, directora asociada del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organismo global con presencia en 12 países de América Latina.

Resaltó que existen avances en 11 estados de la República donde ya se aprobó la interrupción legal del embarazo, aunque todavía persisten desafíos. La modificación legal es insuficiente ante el desconocimiento del personal médico, la objeción de conciencia que aún se antepone al derecho que tienen las mujeres a la interrupción legal de la gestación.

Otros obstáculos tienen que ver con las carencias en los servicios de salud, falta de medicamentos y personal de salud en clínicas y hospitales. Un equipo del CDR estuvo de visita en México la semana pasada, con la finalidad de fortalecer alianzas y lograr una colaboración estrecha con las organizaciones de la sociedad civil con trabajo y experiencia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El objetivo es impulsar las acciones para lograr los cambios legales que se requieren para que la sentencia de la Corte se aplique a escala nacional.

Esto es posible por la decisión de los ministros que en 2021 invalidó el Código Penal de Coahuila porque tipificaba como delito el aborto –con sanciones para las mujeres y las personas que las ayudaran–, así como la declaración de inconstitucionalidad de todos los códigos penales que también criminalicen la interrupción del embarazo.

El CDR aportará su experiencia obtenida de otros países como Colombia, donde en 2022 la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

Este es el plazo más amplio conseguido hasta ahora a escala global, resaltó Vanegas, quien señaló la necesidad de actuar porque “los derechos de las mujeres siempre están en riesgo y Estados Unidos es el mejor ejemplo”. Después de 50 años, la Corte Suprema determinó que el aborto ya no es un derecho constitucional y ahora cada estado tiene la facultad de establecer nuevas reglas.

En México, el CDR tiene antecedentes de colaboración con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y ahora se ampliarán a otros grupos porque, como es en otros asuntos, este país puede convertirse en el modelo a seguir para toda la región y terminar con situaciones como las que ocurren en El Salvador, donde las mujeres son sentenciadas a 40 años o más de cárcel, cuando por causa de una emergencia obstétrica pierden al producto de la gestación.

La activista también mencionó el caso de Honduras, pues está prohibida la venta y distribución de las pastillas de anticoncepción de emergencia y se le considera un delito, en los mismos términos que el aborto. Hace unos cuantos días, se autorizó que la utilicen mujeres víctimas de violación. En Nicaragua también se criminaliza el aborto en cualquier situación.