Aunque diversos inmuebles del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvieron dictamen de demolición tras los sismos de 2017, finalmente no fueron derruidos y el costo que pagaron las aseguradoras fue menor al estipulado originalmente en el avalúo, por lo que maestros de esa institución manifestaron sus dudas y pidieron a los directivos que investiguen a profundidad a fin de saber si hay alguna irregularidad.
Autoridades del Politécnico aseguraron que sólo seis edificios de las 51 unidades académicas en la Ciudad de México se encuentran “resguardados” –es decir, sin actividad– por los daños, pero ninguno tiene dictamen de demolición.
El profesor César Iglesias –ex integrante del Comité de Reconstrucción que analizó los daños en la infraestructura escolar– externó sus dudas sobre el posible cambio en los dictámenes de demolición y objetó la responsabilidad del Patronato de Obras e Instalaciones (POI) y de la Secretaría de Administración.
“Me parece preocupante que no se lleve un proceso de auditorías sobre este tema y las consecuencias de haber aceptado una cantidad menor del seguro para la reconstrucción de los edificios dañados. Se debe investigar qué pasó con el desfalco de 389.5 millones que debió pagar el IPN” –de los 499 millones–, luego de que la institución aceptó que la aseguradora pagó nada más 109.5 millones.
En entrevista, Alejandro Camacho, secretario ejecutivo del POI del IPN, señaló que tras los análisis a la infraestructura de las escuelas se determinó que de las 51 unidades académicas en la capital del país –cada una integrada por varios edificios–, “44 están totalmente habitables y en posibilidad de seguir en operación”.
En las siete restantes (ESIA Zacatenco, ESFM, ESIT, ESCA Tepepan, Upiicsa, Esiqie y el Cecyt 7), se detectaron “fisuras menores” y grietas que ameritaron una revisión más profunda, tras la cual se declararon “en resguardo” cinco edificios de uso administrativo y una alberca, pero sin que su estabilidad esté en riesgo, indicó el funcionario.
“Ningún inmueble está en grado de colapso, que se tenga que demoler, porque los directores responsables de obra son muy directos en señalarlo en estas situaciones”, dijo Camacho, quien señaló que los especialistas siempre deben ser externos a la institución que revisan para garantizar su imparcialidad.
Sobre los edificios que supuestamente tenían dictamen de demolición y fueron cambiados para evitar ser demolerlos, Camacho no tiene datos ni tampoco sobre la existencia de posibles anomalías en el POI anterior, a propósito de los 389.5 millones de pesos que el IPN tuvo que pagar de forma supuestamente irregular en el proceso de reconstrucción, como señalaron estudios de la Secretaría de la Función Pública dados a conocer en 2021.
Según el funcionario, la actual administración del POI necesitará al menos seis meses para determinar cuáles son las obras que hace falta realizar debido a que primero se tienen que hacer estudios sobre el tema para después solicitar la autorización del IPN y gestionar los recursos.
