A más de un año de la publicación oficial del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, los estados del país no han establecido aún los programas para su instrumentación y tampoco existe un padrón nacional sobre estas víctimas.
En diciembre pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio consideró en su informe “Impacto del feminicidio en México y las respuestas del Estado” que en 75 por ciento de los casos la víctima deja al menos un hijo en orfandad.
Pese a la entrada en vigor del ordenamiento, “no se puede afirmar que hoy en día las y los niños víctimas de los asesinatos de sus madres cuenten con una protección integral o un plan de restitución de derechos, tal como lo establece el protocolo, por lo que se aprecia un largo trecho para poder materializarse”, indicó esta organización.
La Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación respondió a una solicitud de información de este diario que “no se tiene registro de programas para la atención de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio que se hayan creado en las entidades federativas a partir de la publicación oficial de la Protocolo Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio”.
Y en el “Informe de registro de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio y homicidio doloso de sus madres”, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que solamente Coahuila y Jalisco les brindan apoyos. El primer estado, a través del Programa Especial de Protección y Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, puesto en marcha en marzo de 2014.
En tanto, Jalisco inició en 2019 el Programa de Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Víctimas de Feminicidio o Parricidio, que les permite, entre otros, acceder a un apoyo económico por 3 mil pesos bimestrales.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a los menores huérfanos por este tipo de crímenes “no se les reconoce como víctimas en muchos procedimientos” y cuando lo hacen “no buscan repararlos integralmente y, sobre todo, rencauzar sus proyectos de vida, sino que sólo plantean compensaciones por daño sicológico sin que se realicen planes de reparación integral con miras a trazar un proyecto de vida digna.
“De esta manera, no sólo hay una mala implementación de los derechos victimales, también está ausente la mirada estatal para su protección, pues no hay un marco jurídico particular que prevea algún enfoque específico, ni políticas públicas o partidas presupuestales que tengan como objetivo el ejercicio de los derechos victimales de las niñas y los niños”.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 ocurrieron en el país 947 feminicidios y la mayoría de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años.
Vía Plataforma Nacional de Transparencia, tanto el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como Inmujeres mencionaron que no existe un padrón sobre los huérfanos por la muerte violenta de sus madres.
Según Inmujeres, en 2021 contabilizaron 859 menores en orfandad por feminicidio u homicidio doloso, a partir de las respuestas de sólo 22 fiscalías estatales a un sondeo aplicado dentro de las trabajos de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.
No respondieron a ese ejercicio los órganos de justicia de Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas. En ese listado aparecieron con cero casos Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
De los 859 huérfanos contabilizados, 245 tenían de cero a 5 años de edad; 254, de seis a 10; 240, de 11 a 15; 77, 16 o más, y 43 aparecieron como “no identificados”.
El DIF, a su vez, respondió que “desde la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se han atendido tres casos de orfandad por feminicidio”, dos varones de 13 y 16 años, y una pequeña de ocho.