Ciudad de México. El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2023, publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), sostiene que de acuerdo con información disponible del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “los resultados permitieron identificar que los programas sociales ayudaron a disminuir en 0.016 la desigualdad (en el año 2022), lo cual resulta relevante dado que los ingresos se redujeron derivado de la contingencia sanitaria por la covid-19, lo que provocó una caída general en los ingresos de los hogares.”

El documento señala que, en particular, las transferencias sociales “evitaron que 2.5 millones de personas adicionales cayeran en situación de pobreza extrema y 4 millones en situación de pobreza.”

También el Coneval calculó que, en 2020, el número de personas sin ingreso suficiente para comprar los bienes y servicios alimentarios y no alimentarios hubiera incrementado en 3.3 millones si no hubieran contado con el apoyo de los programas sociales.

De tal forma, la inversión social -encabezada por la Secretaría de Bienestar- se incrementó con el objetivo de coadyuvar a la recuperación económica y social post-pandemia. En 2019, previo a la pandemia, la inversión social destinada a programas para el bienestar fue de 106 mil 376 millones de pesos, y para 2022 de 194 mil 672 mil millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento de 83 por ciento en este periodo. “Este incremento en la inversión social es una muestra de que el objetivo más importante de la actual administración es garantizar el ejercicio de derechos para todas las personas por medio de políticas públicas orientadas al bienestar social.”

El objeto del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social es orientar preferentemente las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos rubros: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

Y éste servirá como base para el seguimiento trimestral que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar a la Secretaría de Bienestar por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De tal forma, se considera que la pandemia provocada por el covid-19 ha ocasionado problemas económicos y sociales capaces de profundizar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Si bien se ha observado una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB), ya que para el tercer trimestre de 2022 éste se recuperó en 99.81 por ciento respecto al tercer trimestre de 2019.

Si bien los indicadores de pobreza y carencias sociales aumentaron a causa de la pandemia, la inversión social antes referida permitió amortiguar sus efectos. Así, el Coneval estimó los efectos potenciales en los niveles de pobreza por ingresos en el periodo de pandemia, a partir de las fuentes estadísticas utilizadas para medir la pobreza (la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares y la pobreza laboral en el corto plazo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

“Los anteriores elementos ayudan a entender el proceso de recuperación socioeconómica de México, basada en garantizar el ejercicio de derechos sociales de los grupos históricamente vulnerables, y orientado a promover la inclusión, la equidad y, con ello, el restablecimiento del bienestar en la sociedad. Cabe señalar que, además de las transferencias directas a personas beneficiarias, el gasto público también se transfirió a los gobiernos locales (entidades, municipios y alcaldías). Así, las transferencias a los gobiernos locales, por medio de los Fondos de Aportaciones Federales (FAF), son una pieza indispensable de la inversión pública y, concretamente, un componente determinante de las finanzas públicas locales”.