Según varios funcionarios e investigadores, este año no arribará sargazo masivamente a las costas del Caribe mexicano. El año pasado fueron decenas de miles las toneladas, que afectaron los ecosistemas costeros y a millones de turistas que visitan Cancún y la Riviera Maya. Luego de sobrevolar Tulum, el presidente López Obrador dijo que observó muy poco sargazo y calificó como un éxito la recolección del año pasado que realizaron la Secretaría de Marina, las autoridades estatales y municipales, así como la iniciativa privada. Se desconoce si los sitios donde se depositó el alga cumplen con las normas ambientales y sanitarias. Y si, como prometen desde hace tiempo las autoridades, se utiliza en diversos procesos productivos.
Al optimismo sobre menos sargazo este año se contrapone la Universidad de Florida, la cual señala que, por ejemplo, llegará en gran cantidad a siete playas de Cancún: del Niño, las Perlas, Chac Mool, Ballenas, Marlín, Delfines y Coral. A esa ciudad la afectan desde diciembre pasado otros problemas.
Uno, la ineptitud de las autoridades al realizar obras, como las del entronque de varias vías con el acceso al aeropuerto, el segundo más saturado del país. En plena época navideña, miles de viajeros tuvieron que caminar más de 3 kilómetros para llegar a la terminal aérea. Muchos perdieron sus vuelos.
El otro problema es la poderosa mafia integrada por 8 mil taxistas que se opone a que operen plataformas como UBER. Desde hace 50 años, esa mafia controla el traslado de millones de pasajeros desde el aeropuerto hacia Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo. Además, fijan a su arbitrio tarifas, ya que funcionan sin taxímetro. En Playa del Carmen, por un recorrido de 3 kilómetros desde el centro de la ciudad a la zona hotelera y residencial de Playacar, cobran entre 7 y 10 dólares, una tarifa muy superior a la que por el mismo trayecto se paga en los lugares más caros del mundo.
Esa mafia también existe en Playa del Carmen y Tulum, y es fruto de la corrupción y la protección oficial, pues sirve de apoyo en las campañas electorales del partido en el gobierno. Desde que se permitió legalmente a UBER trabajar en Cancún, integrantes de la mafia han agredido físicamente a los conductores de la plataforma y dañado sus vehículos. Como muestra de su poder, el lunes pasado cerraron el tránsito en los 28 kilómetros de la avenida Kukulcán, que conecta con el aeropuerto y donde están los principales hoteles, centros comerciales y restaurantes.
Miles de turistas, trabajadores y habitantes locales fueron afectados. Al fin, apareció la autoridad: elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina obligaron a desbloquear dicha vía y evitaron enfrentamientos de los taxistas con quienes protestaban por el cierre de la avenida. Por la violencia en que han incurrido varios taxistas, Estados Unidos previno a sus conciudadanos tener cuidado al visitar Cancún.
Tardía y negligente fue la actuación de la autoridad local y estatal para garantizar el libre tránsito en la ciudad y evitar enfrentamientos entre conductores de ambos servicios. Esa negligencia quizá se explica porque la hija del líder de los taxistas trabaja con la gobernadora de Quintana Roo, la morenista Mara Lezama. Con el fin de evitar nuevos bloqueos, se desplegó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en la zona hotelera, así como en los accesos al aeropuerto y zona de playas. Nada peor para el turismo que una ciudad tomada por soldados y policías.
Cabe señalar que los habitantes de los centros urbanos, que conforman el principal polo turístico del país, no cuentan con un transporte público moderno ni eficiente, lo que afecta especialmente a la población local, además de los visitantes. El pulpo del transporte concesionado impone su ley gracias a la colusión de dirigentes y autoridades.
Y en referencia a Quintana Roo, incluyo una iniciativa que goza de apoyo ciudadano: cambiarle el nombre al municipio de Solidaridad por el que debió tener siempre, Playa del Carmen, la principal ciudad de la Riviera Maya. Fue el gobernador Mario Villanueva quien en 1993 impuso ese nombre para congraciarse con el mandatario cuyo programa social emblema se llamó Solidaridad.
