Casi un año atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente López Obrador, aprobada por el Congreso y vigente desde el 9 de marzo de 2021, en el entendido de que está en juego un servicio público, no un negocio privado. Así, ese arroz ya se coció, como dirían los clásicos, pero la hepática oposición y las empresas privadas que representa se niegan a acatar el resolutivo del máximo tribunal del país, como en tantos otros casos que a conveniencia distorsiona. Lo que para ella está en medio no es la constitucionalidad, sino los intereses y negocios sucios de los consorcios privilegiados por el régimen neoliberal a quienes sirve.
En aquella ocasión, el entonces ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, subrayó: “tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos de no sustituirnos en el Legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas”, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, destacó que “el artículo 27 de la Constitución define al Sistema Eléctrico Nacional como una actividad exclusiva del Estado”, por lo que “quienes cuestionan esta norma confunden la participación de particulares en el mercado de generación de electricidad con un principio diverso, que es el de libre concurrencia. En contra de esta primera posición, rechazo que el libre mercado pueda aplicarse como una regla”.
Fue vano el intento de los ministros más retardatarios de considerar inconstitucional la LIE, pero todo indica que no digirieron el revés. Por ello, ya con Norma Piña al frente de la SCJN (quién aquel abril votó por la inconstitucionalidad de la citada ley) paree que “revivirán” este asunto, comenzando con los amparos que, como si fueran dulces, otorgaron los jueces “especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones” a las trasnacionales, en su mayoría, que no son otros que los “justicieros” del gran capital Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa.
Ellos otorgaron amparos, al vapor y al por mayor, contra los cambios a la legislación. Como advirtió el Presidente, “sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética (de Peña Nieto) para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para defender el interés nacional… El mercado eléctrico en el país está muy concentrado, pues básicamente son Iberdrola y 10 empresas más… No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se calcula que la CFE ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos” (leoninos).
Al aprobarse la depredadora “reforma” de Peña Nieto, y otras impulsadas por el régimen neoliberal, ese tipo de “servidores públicos” aplaudieron a rabiar la descarada entrega de los bienes nacionales a los particulares, en condiciones realmente dañinas para el país.
Pero, bajo la máxima “de lo perdido, lo que aparezca”, los inquilinos de Pino Suárez número 2 decidieron “revivir” elementos ya superados. La Jornada (Gustavo Castillo) lo reseña así: “por decisión de la segunda sala, la SCJN revisará y dictará fallo de los amparos promovidos por 18 empresas generadoras de energía contra la Ley de la Industria Eléctrica, con lo cual el máximo tribunal analizará de nuevo el tema y, de conceder la protección de la justicia federal, las demandantes quedarían exentas de su aplicación”.
“Volverá a analizar el tema”, porque todo indica que los ministros de la segunda sala de la Corte no quedaron satisfechos: “Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Javier Laynez y Luis María Aguilar, aceptaron, por cuatro votos contra uno la solicitud que formularon el primero y segundo tribunales colegiados en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones” (es decir, donde despachan Gómez Fierro y De la Peza López Figueroa), defensores a ultranza de la “libre competencia”.
¿Quiénes son las 18 amparadas? Trasnacionales, en su mayoría, con contratos leoninos que se niegan a perder. Y para eso están los jueces “especializados”.
Las rebanadas del pastel
Otra de “justicieros”: dicen allende el Bravo que la DEA “sólo ayuda a México”, pero resulta que su hasta hace poco director en nuestro país, Nicholas Palmeri, estaba ligado a defensores de narcos. ¿Así, o más “ayuda”?
