Al parecer, es parte de la idiosincrasia política mexicana hacer reformas por abonos, todos saben dónde va a terminar el asunto, pero no se atreven a enfrentarlo directamente. Es parte de la cultura del “espérate tantito” y del “fíjate que siempre no”, que zanja la cuestión sin dar explicaciones, donde se argumenta que fueron los imponderables y que no se pudo, pero vamos a seguir insistiendo. Esta cultura la llevan en el alma los legisladores y los políticos mexicanos.

Samuel Ramos, pionero en el estudio de la sicología del mexicano, definía como una de sus características peculiares el tener un carácter crepuscular, donde las posiciones y decisiones siempre quedan expresadas entre luces y sombras.

Dejemos la sicología y pasemos a los hechos. En México carecemos de un documento nacional de identidad, universal y obligatorio, no tenemos un número con el qué identificarnos, tenemos varios: el del INE es el más utillizado, pero ningún mexicano se sabe de memoria ese número, el RFC sí lo conocemos, pero nadie recuerda la Fiel, la CURP es un galimatías de números y letras que nadie puede recordar y tiene cientos de miles de errores y, finalmente, son muy pocos los que realmente cuentan con pasaporte, el otro documento oficial de identidad.

No obstante, la primera ley sobre la cédula de identificación ciudadana se promulgó en 1933, luego se reformó en 1936 y en 1947, y así sucesivamente en 1974, 1980, 1990, 1992, 1997, 2011 y todavía la estamos esperando. La credencial del INE, que funciona como identificación, no es ni obligatoría ni universal y la controlan los partidos políticos y el propio instituto.

¿Recuerdan los tráileres con refrigeración que se paseaban por las calles de Guadalajara llenos de cadáveres semi congelados sin identificar? Pues bien, hace unos meses el INE se dignó a firmar un convenio con el Instituto Forense de Jalisco para poder identificar los cadáveres por medio de las huellas digitales. Algunas familias han comenzado a recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, ya no tienen que peregrinar por hospitales, morgues o ranchos perdidos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esas huellas digitales son nuestras, de todos y cada uno de los mexicanos, y podrían tener un mejor uso que sólo servir para un padrón electoral, que se utiliza de vez en cuando. Urge legislar para utilizar la base de datos del INE, para contar con una identificación nacional como mandata la ley: ¡ocho leyes distintas y consecutivas y no se aplica ninguna!

Otro ejemplo de legislación por abonos es la referente al voto de los mexicanos en el exterior. La reforma electoral de 1996 abrió esa posibilidad al derogar el artículo donde dice que se debe emitir el voto “en el distrito correspondiente”. Pero pasaron dos años para que se encomendara al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que formara una comisión de especialistas para ver la viabilidad del voto. La comisión se formó y en tres meses entregó su investigación al IFE y éste, el día siguiente, la envió al Congreso de la Unión sin modificaciones; la comisión informaba que era posible organizar el voto de los mexicanos en el exterior.

Pero pasaron los meses y los años hasta que, en 2006, después de 10 años y de 16 diferentes proyectos de ley, los legisladores se pusieron de acuerdo. Y se dio una votación que se sustentaba en las credenciales expedidas en México, con una población de mexicanos indocumentados que no habían regresado al país en años o décadas. Y pasaron dos sexenios para que el INE se pusiera de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para expedir las credenciales en los consulados, procedimiento normal para todos las naciones de orbe. Llevamos tres elecciones y varias reformas electorales y se sigue proponiendo un voto postal, en un país donde el correo no funciona.

Un tercer y último caso. Hace años que López Obrador se expresó contra el artículo 33, donde se estipula que “El Ejecutivo de la Unión podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. Ningún tipo de nación democrática tiene una legislación parecida, e incluso ese artículo va en contra de varios tratados internacionales firmados por México.

Hace medio año una periodista le pregunto al Presidente en el mañanera si se debía derogar el artículo 33 y dejó entrever que estaba de acuerdo. Y parece que se va avanzando, se ha enviado a la cámara una propuesta para que el extranjero inculpado con el artículo 33 pueda tener audiencia y defenderse. Ahora, el secretario de Gobernación da otro paso y libera del estigma de “persona non grata”, a una decena de extranjeros a los que se aplicó el artículo 33 en los sexenios pasados.

Continuamos esperando y siguen legislando por abonos. Pero en realidad, el estigma no es propiamente para los extranjeros inculpados, sino para México, que perpetúa una legislación decimonónica que, hoy por hoy, se considera como un abuso del Ejecutivo y no tiene lógica ni sentido.