Cinco vendedores de armas de Arizona presentaron una petición legal ante un tribunal estadunidense para desestimar una demanda de México que los acusa de participar en el tráfico de armamento al país.

La moción señala que los comerciantes se encuentran amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una norma de 2005 que protege a los fabricantes y vendedores de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en un delito.

La denuncia, presentada en octubre, se produjo días después de que un juez desechó otra demanda del gobierno mexicano por 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armamento, a quienes busca responsabilizar por facilitar su acceso a los violentos cárteles de la droga.

El juez de ese caso citó el PLCAA en su decisión, la cual México está apelando.

Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Alistan contrarréplica

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prepara una contrarréplica a la petición de los cinco vendedores de desestimar la demanda del gobierno mexicano.

“Recibimos respuesta de los vendedores de armas a los que demanda el gobierno de México en Arizona. Se analizará para presentar la contrarréplica”, declaró ayer el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio.

“Como se esperaba, las demandadas argumentan que pueden seguir vendiendo armas a quien sea”, agregó Celorio.

“Señalan que no hay nada que el gobierno de México pueda hacer para impedirlo ni para que rindan cuentas”, expresó.

“Insistiremos en que los vendedores negligentes que facilitan el tráfico de armas a México deben rendir cuentas”, agregó en mensajes en las redes sociales.

El gobierno de México abrió dos litigios en Estados Unidos contra fabricantes de armas a los que acusa de tener prácticas comerciales negligentes que permiten la venta de armamento que ellos saben que llegará al crimen organizado en territorio mexicano.

El año pasado, el juez Dennis Saylor, del tribunal distrital en Massachusetts, desestimó una de las demandas del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, con el argumento de que las leyes de ese país “inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usen para sus propósitos”.