El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “no es Ministerio Público ni juez, pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación por ley, a riesgo de convertirnos en cómplices, de denunciar cualquier presunta irregularidad que detectemos”, afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del instituto, en entrevista con este diario.

Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez federal que dictó el sobreseimiento del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción, destacó que “tenemos una obligación como servidores públicos. Cuando se detecta información que puede llevar a presuntas irregularidades se da vista a las autoridades competentes, en este caso la Secretaría de la Función Pública y la FGR, en términos de un posible daño patrimonial”.

En el Conacyt, “no tenemos enemigos ni ningún ímpetu de venganza. Se presentó la información detectada, como lo mandata la ley, sin señalar culpables ni tipificar ningún delito”.

El proceso de investigación y, en su caso, identificación de un presunto ilícito, agregó, “no depende del consejo, sino de un organismo autónomo como es la FGR”.

Álvarez-Buylla subrayó que “no tapamos nada ni escondemos nada. La FGR tiene sus procesos. Cumplimos con entregar la información detectada, pero el proceso de investigación no es tarea nuestra, sino del Ministerio Público, que es una entidad autónoma”.

Agregó que el proceso contra los 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios del propio Conacyt, entre ellos los cinco científicos absueltos por el juez federal, “deberá correr por los canales jurídicos correspondientes apegado a derecho y manteniendo siempre el respeto a la presunción de inocencia, como se ha hecho en esta administración”.

La investigación contra los científicos comenzó en 2020, pero hasta 2021 la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió una carpeta por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada por 244 millones de pesos.

El pasado 13 de enero, el juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez (Altiplano), absolvió a cinco de los 31 científicos investigados, fallo que fue impugnado por la FGR, por lo que será un tribunal colegiado el que determine si confirma, revoca o modifica la decisión del juez.

Al respecto, Álvarez-Buylla reiteró que la FGR “tiene sus procesos y es totalmente autónoma, por lo que será esta instancia la que determine si presenta o no otra evidencia, si tipifica o no otros delitos, siguiendo los canales jurídicos, porque al Conacyt no le corresponde integrar carpetas de investigación”.

Agregó que “como persona, me duele, porque no me es indiferente, como ser humano, ver señalados a colegas científicos. Lo que deseo es que todo el proceso se siga conforme a derecho, con respeto a la presunción de inocencia y a los derechos humanos”.