El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la reciente reforma en la materia (plan B) restringe la fiscalización del organismo a los movimientos irregulares de los partidos políticos y le impediría indagar lo no previsto en la ley.

Por ejemplo, durante la revocación de mandato –consulta ciudadana realizada en abril de 2022– el monitoreo de gastos se realizó con base en acuerdos específicos, debido a la falta de normas secundarias en torno a ese ejercicio inédito.

“¿Qué se busca con esta restricción?, que el INE no pueda agotar, a través de sus órganos técnicos especializados, la búsqueda y valoración de la información que pueda revelar actividades irregulares, muchas veces simuladas o bien ocultas mediante maniobras de fraude a la ley”, señaló Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Tanto en la sesión de su consejo general como en el informe presentado esta semana, el INE reprocha también que se proponga dejar sin sanción la ausencia de reportes de gastos de campaña.

Subrayó que el punto anterior fue redactado en el paquete de modificaciones (cuya aprobación final se prevé para la primera semana de febrero en el Senado, con la mayoría del partido Morena y aliados) para evitar otro episodio como la cancelación, por la causa referida, de la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, en 2021.

Rivera sostuvo que el plan B propone así una violación, por ejemplo, de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña, y dejar esta infracción sin consecuencias mayores.

Con la reforma, añadió, se amplían los plazos a los partidos políticos para el reporte de sus operaciones de ingresos y gastos en el sistema integral de fiscalización (con venias hasta de 20 días posteriores a la erogación), con lo que –en su opinión– se abre la puerta a simulaciones y ocultamiento de información en la estructura de contabilidad en línea, actualmente con obligaciones de mandar facturas en tiempo real.

“Se quiere suprimir esto para dar margen a reacomodar las cifras, ocultar o bien simularlas. Es muy grave el retroceso que ello puede significar”, indicó el consejero.

En el informe elaborado a petición del consejo general del INE sobre el plan B, en el apartado de “afectaciones al modelo de fiscalización electoral” se menciona la existencia de efectos negativos para el sistema nacional del registro de precandidatos y candidatos; en las referidas sanciones de fiscalización, y plantean que sería imposible delegar facultades en esta materia a los organismos públicos locales.

También se critica que los comités estatales de los partidos puedan transferir “sin límites” recursos a sus dirigencias nacionales, más allá de las tres circunstancias en las que actualmente se les permite.

El INE marca alertas para la fiscalización de todo el entramado de financiamiento público a partidos (prerrogativas) y sus remanentes y ahorros; igualmente ve efectos indeseables al actual modelo en sus vertientes de oportunidad, agilidad y rapidez necesarias para verificar los movimientos de los partidos en tiempo real, tanto locales como nacionales.