Lima. El Congreso de Perú rechazó anoche el adelanto de las elecciones generales para octubre y el recorte del mandato presidencial al 31 de diciembre de este año, como una salida a la grave crisis que vive el país, con protestas que continúan reclamando la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, no se alcanzó el proyecto de reforma constitucional del texto sustitutorio de comicios generales para 2023 y se suspendió la sesión para el próximo lunes.

Horas antes, el pleno del Congreso aprobó reconsiderar el adelanto del llamado a las urnas para finales de 2023 en lugar de en abril de 2024, tal y como aprobaron en un primer momento los congresistas.

La moción para adelantar las elecciones fue entregada el jueves por el encargado de la Comisión de la Constitución, Hernando Guerra García, perteneciente a la fujimorista Fuerza Popular, con el objetivo de paliar la crisis gubernamental y social que tiene lugar en Perú desde hace siete semanas tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo por haber intentado disolver el Congreso.

La propuesta de Guerra García era la de reconsiderar el aval del pasado 20 de diciembre, donde se aprobó en primera instancia la celebración de las elecciones anticipadas el próximo abril de 2024; sin embargo, el congresista fujimorista descartó que el eventual adelanto de los comicios permita incluir en la votación la convocatoria a una asamblea constituyente, como piden los partidos de la izquierda, informó la agencia de noticias peruana Andina.

“Esperamos que la izquierda vote por 2023 o estarán en lo mismo. La izquierda tiene una doble moral y está llevando nuestro país al caos”, expuso Guerra García.

En la mañana, Boluarte exhortó al Legislativo a que fijara “la fecha y hora” para adelantar a 2023 la votación por nuevo presidente con el fin de sacar al país del “atolladero”.

Las protestas continúan

“Las marchas continúan, hay más bloqueos y violencia”, indicó Boluarte. “Estoy acá porque asumí una responsabilidad y estaré hasta que el Congreso ponga una fecha. Por ello pido: pónganse de acuerdo, digan tal día las elecciones y en ese instante estaremos convocando a las urnas”, precisó.

La crispación social no da tregua y genera escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.

“Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder”, aseveró la mandataria, quien encabezó un acto para destacar los envíos que ha hecho el gobierno de medicamentos y otros artículos a la región andina.

En las calles de las zonas más furiosas con la destitución de Pedro Castillo, y ahora más afectadas por la caída del turismo y la escasez de productos básicos, sólo quieren la renuncia inmediata de la jefa del Ejecutivo.

“No podemos esperar. Tiene que ser pronto”, declaró a la agencia de noticias Afp Sandra Zorela, una docente de 53 años en el Cusco, la joya del turismo internacional convertida en una ciudad casi cerrada.

En el mismo sentido se expresó Eddy Longobardi, un músico de 40 años: “A nosotros los peruanos no nos interesa esta fecha. Que sea en estos dos meses” la renuncia, dijo.

En varias regiones se registraron movilizaciones y episodios violentos, como ocurrió en la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, cuando un grupo lanzó palos y piedras porque acordó con el primer ministro Alberto Otárola facilitar operaciones para desbloquear las vías en este departamento de la selva, a unos mil 500 kilómetros al sureste de Lima. Otsuka disparó al aire luego de que inconformes apedrearon su domicilio. Las cámaras de la televisión regionales mostraron al funcionario efectuando disparos desde una ventana de la segunda planta de su casa. Al cierre de esta edición no se conoce si el evento dejó víctimas.

El último balance de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 46 civiles fallecidos en los enfrentamientos que comenzaron en diciembre y un policía quemado vivo, además de 10 civiles muertos –entre ellos dos bebés– en hechos vinculados a los bloqueos.

La obstrucción de vías de comunicación ha generado escasez de combustible, gas de uso doméstico y algunos alimentos en regiones del sur andino y de la selva, pobres e históricamente marginados, de lo que acusan al centralismo de Lima.

“No hay gas ni gasolina. En las bodegas sólo se consiguen víveres no perecederos y todas las cosas están muy caras, hasta el triple de lo normal”, indicó Guillermo Sandino, un experto en mercadotecnia radicado en Ica.

El Barrio Chino de esa ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de Lima y punto estratégico en la conexión terrestre entre la capital y el sur de Perú es clave en los cortes al libre tránsito instalados en más de 100 tramos.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, indicó que tras varios días de obstrucción de vías a escala nacional, el gobierno comenzó ayer con el desbloqueo de carreteras.

En la ciudad de Arequipa, la policía evacuó a los manifestantes que mantenían cerrado el puente Camaná en la carretera Panamericana Sur, de acuerdo con el periódico La República.

En tanto, en el centro histórico de Lima continuó la toma pacífica de calles, aunque un grupo de encapuchados, con piedras y explosivos, enfrentó a la policía antimotines que respondió con bombas lacrimógenas y perdigones.

Una colectivo de ciudadanos realizó una vigilia artística con música y cantos en conmemoración de las personas fallecidas en la represión actual, en el Parque Kennedy.

Bolivia desmiente

Bolivia desmintió las acusaciones de Perú sobre el ingreso de armas por la frontera de un grupo afín al ex presidente Evo Morales.

Después de que Boluarte denunció el miércoles que la agrupación indígena Ponchos Rojos, simpatizantes de Morales, está implicada en el ingreso de arsenal a través de la frontera común, el Ministerio de Exteriores de Bolivia calificó la acusación de “falaz”, informó la agencia ABI.

“De acuerdo con las informaciones a nuestra disposición, no se ha ingresado armamento o munición al territorio peruano; eso categóricamente hemos mencionado y además hemos enviado una nota oficial a la República del Perú para que descarte esas posibilidades”, señaló en una rueda de prensa el viceministro de Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani.

En opinión del gobierno de Bolivia, la presidenta Boluarte recibió esa información “al calor del momento, del conflicto”. Así, advirtió que “ese tipo de declaraciones dañan la relación que tenemos con Perú”.