Después de una larga presentación de acciones de las corporaciones de seguridad para detallar aprehensiones de integrantes de la delincuencia organizada y de sentencias alcanzadas para sancionar a feminicidas, durante la sección Cero Impunidad, en la conferencia presidencial, se hizo la presentación de los nombres de cuatro jueces que en las últimas semanas han liberado, por circunstancias menores, a miembros del crimen organizado, “objetivos prioritarios”, según informó el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.

En la pantalla del salón Tesorería aparecieron los nombres de los jueces Gregorio Salazar, quien desestimó las acusaciones contra Mario Alberto N, líder regional de cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; Daniel Ramírez Peña, quien participó en la absolución de Leticia N, acusada de delincuencia organizada y delitos contra la salud; y la magistrada Sara Olimpia Reyes García, por absolver a José Rafael N, operador del cártel de Cancún, hijo de doña Lety, quien contaba con dos procesos penales por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y en el caso de su madre decretó su libertad.

El cuarto caso es el de Ramón Ángel ‘N’, lugarteniente o ex lugarteniente de los Valencia, del cártel Jalisco Nueva Generación. Él estaba procesado por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y fue dejado en libertad por la juez primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el desempeño en el Poder Judicial y destacó que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien da seguimiento a los procesos, tiene la instrucción en aquellos casos de suma gravedad de presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura, además de su exhibición en la conferencia presidencial.

“Imagínense, un juez que sabe que hay cinco expedientes o que ya hay gente que entró a la cárcel dos, tres veces, y que están acusados de homicidio y que están acusados de narcotráfico, y que porque no se mostró que en la bolsa había una pistola no fue prueba contundente”.

Luego citó como casos emblemáticos de excesos en los juzgados el proceso seguido por el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, en Oaxaca, donde el juez ordenó el cambio de medida cautelar para prisión domiciliaria en vez de prisión preventiva.

Por otro lado, al referirse a ataques a una empresa de televisión por cable en Michoacán, López Obrador y Rodríguez reconocieron que la extorsión es un delito que va al alza, en contraste con otros, como el homicidio o el secuestro, que están en descenso.