A poco más de dos meses de dejar el cargo, junto con Ciro Murayama (una especie de vicepresidente táctico), Adriana Favela y José Roberto Ruiz, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió acelerar el grado de confrontación con la provocadora cúpula del gobierno obradorista.

Es una especie de bono político de marcha que se están asignando Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, con el primero en abierta campaña de posicionamiento como presunto salvador de la democracia mexicana. Consejero desde diciembre de 2011 en el Instituto Federal Electoral, que presidió durante un par de meses, para ser instalado en abril de 2014 como presidente del Instituto Nacional Electoral, Córdova Vianello desea cerrar su ciclo en dicha institución en reactivo pie de guerra.

Ayer, luego que el Presidente de la República hizo serios pronunciamientos de descalificación del trabajo de los consejeros electorales del INE, acusándolos de permitir acciones fraudulentas, Córdova respondió con un señalamiento directo contra Adán Augusto López Hernández y uno indirecto que podría ser adjudicado a Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal Electoral y máxima autoridad electoral en el 1988 en que, entre acusaciones de fraude, Carlos Salinas fue declarado presidente de la República y no Cuauhtémoc Cárdenas.

La postura general de Córdova es acompañada por el resto de los consejeros electorales, incluyendo a los cuatro que llegaron al cargo con el decisorio voto morenista. Además, se han anunciado acciones ante la Corte para que se declaren inconstitucionales las reformas del llamado plan B electoral, cuya última fase aprobatoria será cumplida en el Senado el mes en puerta.

En otro escenario, la mencionada Corte, no se produjeron inmediatas reacciones a los señalamientos del presidente López Obrador, quien ayer también dijo no confiar en los ministros de ese máximo tribunal judicial; si acaso, dijo, en unos tres togados.

El presidente de la República mantiene una discursiva abiertamente crítica del funcionamiento del Poder Judicial en el país. Lo hizo mientras estaba como presidente de ese poder el ministro Arturo Zaldívar, bien entendido con Palacio Nacional, sin que se produjeran secas respuestas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Perdida la sucesión, a causa de la plagiada tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, y llegada al cargo Norma Piña, de referencias políticas distantes de la llamada 4T, López Obrador mantiene una temprana confrontación que tal vez no tendrá la misma pasividad reactiva de Zaldívar.

En otro tema: previsible la postura crítica de familiares y activistas del caso Ayotzinapa ante el incumplimiento de compromisos del gobierno federal, en particular del presidente de la República. A 100 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas se vive un estancamiento del proceso en busca de verdad y justicia, bajo el peso dominante de la fuerte relación de la Presidencia con los militares.

Ya con el tiempo electoral encima, se reducen las expectativas de avance justiciero en este caso. Y, lo que perdurará, será el virtual fuero militar y las elevadas concesiones administrativas que, como nunca, se han otorgado en lo que va del sexenio a las fuerzas armadas.

Astillas

A Marcelo Ebrard se le han acumulado los señalamientos desde Estados Unidos que le muestran demasiado flexible ante presiones que serían lesivas para el interés nacional. Donald Trump, siempre excesivo en su vanagloria, se jactó de haber doblado a México con argucias arancelarias que finalmente le significaron miles de guardias nacionales mexicanas en la frontera con Centroamérica y la recepción de migrantes que se quedarían provisionalmente en México. Ahora ha sido el ex secretario de Estado Mike Pompeo quien ha señalado al canciller mexicano de pedir que no se dieran a conocer acuerdos polémicos… ¡Hasta el próximo lunes!

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