Ciudad de México. El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Tzompaxtle Tecpile, para estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones, señalaron en un comunicado conjunto las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Destacaron que el cumplimiento se efectuará “asegurando el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a sus procesos democráticos”.

El caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y la sentencia que de él se deriva podrán orientar en un sentido positivo las acciones del Estado para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, añadieron.

Las dependencias gubernamentales resaltaron que el gobierno fue notificado hoy de la sentencia emitida por la Corte IDH, con relación a ese tema.

El asunto se refiere a la detención en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes de policía, y a la figura del arraigo dentro de la legislación mexicana.

La sentencia retomó el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado mexicano, el pasado 23 de junio de 2022, en el marco de la audiencia pública del caso, por la violación a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la vida privada y la protección judicial contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.

A nombre del Estado Mexicano, las secretarías reiteraron el compromiso con los derechos humanos, y con los instrumentos que los protegen tanto en el ámbito regional como universal.

También refrendaron el compromiso para trabajar con las familias de las víctimas en lo relativo a la reparación del daño y garantías de no repetición.

El resolutivo de la corte interamericana califica las figuras del arraigo y la prisión preventiva como contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.