Lima. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica de “crímenes de lesa humanidad” la respuesta represiva del gobierno contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y realizar elecciones este año.

En un informe presentado este jueves, el organismo de larga y reconocida trayectoria de defensoría pública, denuncia masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los arrestados. Así como amenazas y hostigamiento contra los abogados defensores y activistas sociales. Se afirma que hay acusaciones arbitrarias por “terrorismo” contra los manifestantes. Se alega la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población.

Impunidad

La CNDH señala que no hay garantías de justicia por los crímenes del gobierno y las corporaciones del orden público porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen. Este informe será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Son 57 las personas que han muerto desde que se iniciaron las protestas en diciembre, primero en el sur andino y luego extendidas a buena parte del país, incluyendo Lima, donde las manifestaciones antigubernamentales multitudinarias son diarias desde hace una semana.

De esos decesos, 46 personas han sido asesinadas por disparos de las fuerzas de seguridad. Hay un policía fallecido. Los heridos son cerca de un millar. La comisión dice que la respuesta del Estado a las movilizaciones sociales “posee una brutalidad sin precedente en la historia de la democracia en el país en el presente siglo”.

Se denuncia un “uso arbitrario de la fuerza”, como el empleo de fusiles automáticos no autorizados contra manifestaciones sociales. También disparos de perdigones de metal a corta distancia y bombas lacrimógenas lanzadas contra el cuerpo de manifestantes. El resultado ha sido un elevado número de muertos y heridos.

“Altos funcionarios del gobierno, lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de seguridad”, denuncia el informe de la CNDH.

Entre los casos de abuso policial que se reportan, están el de ocho detenidos en la ciudad andina de Andahuaylas “brutalmente golpeados durante su reclusión” y expuestos sin abrigo al frío extremo y acusando múltiples moretones, sobre todo en la piernas. Documentan arrestos en dependencias policiales “en condiciones incompatibles con la dignidad humana”; un caso de “agresión sexual múltiple” y otros de “tocamientos indebidos y revisiones íntimas” a las mujeres aprehendidas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“No hay ninguna de las garantías del catálogo de derechos humanos que no haya sido vulnerada. Los familiares de las víctimas tienen derecho a la justicia, a la reparación y a la verdad. Deben saber qué pasó, de dónde vino la orden de arresto y uso de la violencia, porque aquí hay una orden, no han sido dos o tres policías locos sueltos. Los responsables de esta matanza deben ser procesados y terminar en la cárcel como corresponde, nos podremos demorar algunos años, pero ese (la prisión) va a ser su lugar”, señala Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDH. La Fiscalía ha iniciado una investigación por las matanzas, que incluye a Boluarte y sus ministros.

Pero la fiscal de la nación, Patricia Benavides, genera más dudas y sospechas que confianza. Muy activa en el pasado para dar mensajes acusando al ex presidente Pedro Castillo por corrupción, ahora está silenciosa. Y ha reducido el número de fiscalías que deben atender las denuncias de ultraje a los derechos humanos, quitándoles recursos y personal. Las dudas no apuntan sólo a la Fiscalía. El ex jefe del gabinete ministerial de Boluarte, Pedro Angulo, uno de los acusados por las matanzas, es ahora jefe de asesores de la Junta Nacional de Justicia, que nombra y evalúa a los magistrados del Poder Judicial.

Sin confianza

En el Congreso, una comisión investigará la represión, pero ahí decide la mayoría de derecha que apoya a Boluarte y aplaude esa represión.

“No tenemos confianza en la Fiscalía, tampoco en el Poder Judicial. No hay independencia de poderes, lo que hay es la hegemonía de un poder. La expectativa por la investigación en el Congreso es cero”, dice Dador. Indica que las denuncias por los asesinatos de la represión llegarían a tribunales internacionales si no se avanza en el sistema de justicia nacional. Refiere que esa internacionalización podría acelerarse si hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero aclara que la debe hacer un Estado.

Dador acusa a Boluarte de “mentir sistemáticamente” cuando consigna a los manifestantes bajo cargos de estar armados, de matarse entre ellos, de ser “terroristas”. Numerosos testimonios, fotos, videos, y resultados de las necropsias, confirman que las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes. En cambio, no hay una sola evidencia que respalde la versión de la presidenta y sus ministros de que la población civil esté armada y que ha disparado.

“Se criminaliza a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica y también a quienes somos defensores de los ciudadanos que se movilizan y son detenidas. También se nos acusa de ser ‘terroristas’. Sentimos cómo la represión nos respira en la nuca”, denuncia Dador. “Tiene que cesar la violencia. No debe haber un solo muerto más”, demanda.

Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la CNDH, asegura que se trata de “una situación gravísima para los derechos humanos” lo que se está viviendo en Perú. “Se hace uso indiscriminado de la fuerza. Se dispara contra personas que se movilizan pacíficamente, incluso contra ciudadanos que no participan en las movilizaciones. Hay una carga profundamente racista en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena. A unas cien personas, la Fiscalía les ha iniciado investigación por ‘terrorismo’ solamente por participar en las protestas, incluso por únicamente haber juntado dinero para apoyar a los heridos. Eso es gravísimo”.

La activista de derechos humanos señala que hay responsabilidad de los mandos militares y de quienes disparan contra inconformes, pero aclara que las responsabilidades no se limitan a ellos porque no son decisiones individuales, sino acciones que forman parte de “una política de Estado”.

Destino: la justicia

Sobre la responsabilidad de Boluarte y sus ministros, Pérez precisa que no solamente es política. “Estamos claramente ante una responsabilidad penal de la presidenta, que por tratarse de crímenes de lesa humanidad no prescribe. No sabemos cuántos años pasarán, pero tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales”.