Para el año que inicia, 25 de los 32 organismos públicos locales electorales (Oples) registran autorizaciones presupuestales similares a lo disponible en 2022, pero tres (Colima, Nayarit y San Luis Potosí) tienen reducciones superiores a 70 por ciento, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los dos primeros vuelven a situarse entre los tres organismos con los recortes más severos, de 72.2 y 75.8 por ciento, respectivamente. El de San Luis Potosí es del orden de 74.3 por ciento, mientras que el año pasado fue de 36.4 por ciento.

“Los datos iniciales para 2023 muestran una situación delicada que habrá que considerar y no perder de vista, sobre todo si partimos del hecho de que este año iniciará el proceso electoral federal, concurrente con 24 procesos electorales locales de los 32 que habrán que desarrollarse en 2024”, dijo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la comisión de vinculación con los Oples, informó que varios de esos organismos arrastran deudas del ejercicio anterior, como el de la Ciudad de México.

“El que era el instituto electoral más fuerte, hoy está desmantelado y profundamente endeudado por pargos que aun no puede cubrir” del personal que recortó en junio del año pasado. En tanto, Durango todavía debe servicios de la elección de 2022.

La consejera electoral expresó que le preocupa la falta de defensa e indolencia frente a la situación de estos organismos.

Al final de la sesión fue presentado, para su aprobación, el programa anual de trabajo 2023 del Órgano Interno de Control del INE, cuyo titular, Jesús George, había pedido por escrito tomar la palabra en la sesión del consejo, solicitud que fue rechazada.

A través de su cuenta en Twitter, el OIC manifestó su inconformidad. “En contra del principio de pluralismo y tolerancia del código de ética del INE, Lorenzo Córdova rehúye al diálogo con respecto al programa anual de trabajo del órgano fiscalizador. Se escuda en un artículo arcaico del reglamento de sesiones”.