Ciudad Juárez, Chih., Por amenazas del crimen organizado, una decena de familias rarámuris (tarahumaras) huyó de la comunidad de Dolores, municipio de Guadalupe y Calvo; señalaron que al denunciar el acoso, se dieron cuenta de que policías y efectivos federales están coludidos con los grupos delictivos.

Unas 200 familias han debido salir de su comunidad en los pasados 18 meses, según ha documentado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Ramiro, cabeza de una de las familias desplazadas que llegaron al municipio de Parral, en el sur del estado en busca de ayuda y protección, dijo que la violencia en esa región no les permite vivir tranquilos.

“Vamos para 10 años de estar aguantando amenazas de los grupos delictivos, y que sus integrantes nos roben comida, además de amenazarnos y exigir que seamos parte de su organización; eso no se puede, somos gente de bien, que no quiere estar dentro de sus actividades”, expresó.

Relató que salieron de noche y caminaron por la montaña con sólo algunos alimentos y agua para que los vigilantes o halcones no los detectaran y los asesinaran “por salir sin permiso”.

“Dejamos nuestra casa, terrenos, siembras, familiares, amigos y todo lo que teníamos en el lugar donde nacimos”, recordó.

Las familias desplazadas pidie-ron ayuda en Parral para encontrar un lugar donde vivir y trabajo. “No queremos que nos den gratis, que nos ayuden para tener una nueva vida porque no podemos regresar a nuestra tierra hasta que se vayan los criminales”, expusieron.

La CEDH ha dado seguimien-to y emitido recomendaciones por el desplazamiento forzado de estas familias.

Destacó que si los desplazados se quedan en sus lugares son obligados a integrarse a los grupos del crimen organizado y en caso contrario son agredidos y amenazados por ellos.

En diciembre pasado, el Congreso estatal emitió el decreto mediante el que reconoce el Desplazamiento Forzado Interno como un delito dentro del Código Penal estatal como paso para tener instrumentos legales que logren frenar este fenómeno, el cual afecta a 11 municipios de Chihuahua.