Uno de los principales rasgos de los gobiernos de derecha es combinar un discurso legalista con prácticas legaloides o, de plano, como señala el doctor Bernardo Bátiz, de abuso de la ley, “chicanéandola”, aplicándola selectiva y sectariamente, siempre en favor del poder establecido. El gobierno del estado de Chihuahua y el municipal de la capital ofrecen ejemplos de lo anterior.
La comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha tenido una lucha cuesta arriba por ser reconocida como tal y luego por defender su territorio y sus bosques. En 2014, en una sentencia paradigmática de la justicia federal, se le reconoce a la comunidad indígena y a los dos gobernadores nombrados por ella como sus representantes legítimos y además la reconoce como comunidad indígena, no como ejidatarios y comuneros, según la Ley Agraria y se reconocieron sus derechos colectivos sobre la posesión de 11 mil 400 hectáreas. En 2017 la comunidad logra que el gobierno del estado constituya un fideicomiso para proyectos productivos como parte de la reparación de daños por haber construido en el territorio de ella el Aeropuerto Regional Creel Barrancas. El primer proyecto decidido por la comunidad es la construcción de un taller de costura de las mujeres. Sin embargo, en 2020 la fiscalía del estado responde a denuncias de los mestizos de Creel por supuesta invasión de terrenos, suspende la construcción y detiene a los dirigentes comunitarios. La comunidad y varias organizaciones que la apoyan, como Contec, superan ese obstáculo.
En marzo de 2022 presentó al comité técnico del fideicomiso tres proyectos consensuados para ser financiados por éste: mejoramiento de viviendas, construcción de un salón de usos múltiples y adquisición de tractores. Sin embargo, la administración estatal actual, sin la debida consulta a la comunidad, aprovechando que preside el fideicomiso, acaba de decidir utilizar 31 millones de pesos del fideicomiso para la construcción de un camino que la comunidad no necesita y un centro comercial para la venta de artesanías en Creel. Se presionó a los representantes comunitarios en el fideicomiso y éstos firmaron bajo protesta. El gobierno alega que el fideicomiso tiene algunas fallas legales y de ahí se han aprovechado para resolver contra el beneficio comunitario y contra las reglas de operación. Así lo denuncian la propia comunidad y la Red de Defensa del Territorio de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, y demandan que se les dé prioridad a los proyectos de la propia comunidad.
Otro episodio que revela la aplicación de la normatividad urbana como instrumento de venganza política se da el pasado jueves 19. Un grupo de inspectores municipales clausuró la librería Sandor Marai, propiedad del ex gobernador Javier Corral, justo una hora antes de la ceremonia de inauguración de ésta. El pretexto: no tenía plan de protección civil, cuando sí se entregó el mismo y otros detalles. Para taparle el ojo al macho, otros negocios fueron clausurados también el mismo día. En el estado de Chihuahua hay sólo 47 puntos de venta de libros, casi uno por cada 100 mil habitantes; en tanto los antros, los puntos de venta de vinos y licores se cuentan por centenas en el solo municipio, muchos de ellos propiedad de funcionarios públicos; los picaderos pululan por todos los rumbos de la ciudad. Los gobiernos municipal y estatal parecen hacerle al Guy Montag, el bombero de la novela de Ray Bradbury que se dedica a quemar libros, pero descuida los muchos fuegos que arrasan su ciudad. La bibliofobia al poder.
La ley también se tuerce o se chicanea contra quienes han perseguido la corrupción, como es el caso del ex fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo. Contra la sentencia del juez de distrito el 17 de enero, la jueza de control del Poder Judicial del estado se negó sin fundamento a poner en manos de la justicia federal el caso del ex fiscal que encabezó las investigaciones de corrupción vinculadas a César Duarte. Con esto el gobierno de Chihuahua pretende ganar tiempo y desgastar sicológicamente al ex fiscal, a quien acusan de “tortura sicológica”. Hay que decir que el Poder Judicial de Chihuahua ha sido crecientemente cuestionado y acusado de extorsiones y tráfico de plazas (La Jornada, 13/1/23, noticia de Jesús Estrada).
Para ocultar este uso abusivo y torcido de la ley, el gobierno reparte millones entre los medios locales. Sin embargo, su autoritarismo, su afán de venganza contra los adversarios políticos, su desprecio por los pueblos indígenas, la presencia en él de funcionarios panistas y priístas que recibieron pagos ilegales de César Duarte, no puede taparse con un dedo. Aumentos disfrazados del impuesto predial, miles de millones para una dudosa plataforma centinela, corrupción en los penales, expansión del cristal y del fentanilo, privilegios para las grandes constructoras e inmobiliarias, todo esto es cada día más evidente para la ciudadanía.
En Chihuahua se ha instalado la poderdumbre, como diría el escritor Enrique Serna, quien tuvo que presentar y autografiar su libro en un parque, porque las autoridades del PRIAN abren cantinas, pero cierran librerías.
