La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 17 de la Carta Magna para incluir el derecho de todas las personas a ser buscadas, así como la obligación del Estado a que el rastreo se realice con la presunción de vida.

Es una reforma del interés del subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, la cual –explicaron diputados de Morena– provocó un desencuentro con el fiscal Alejandro Gertz Manero, porque incrementa la carga del Ministerio Público, que no podrá dejar de buscar a los desaparecidos.

También se prevé que el Estado debe proteger a las personas contra las desapariciones, y de ocurrir, tendrá que preservar su personalidad. Incluye la obligación, en caso de encontrarlas sin vida, de identificar los restos y entregarlos de forma digna a sus familiares. La búsqueda deberá realizarse independientemente de si hay una investigación ministerial por otro delito.

En las consideraciones del dictamen (que se envió a la mesa directiva para que lo agende a debate en el pleno) se plantea que si bien debe respetarse el derecho de los familiares a participar en el rastreo, de ninguna manera se releva la obligación del Estado de localizar a las víctimas de desaparición.

Con esa omisión, agregó, se revictimiza a los familiares, que ya han sufrido un fuerte agravio, al dejarles una carga. “Para remediar esta situación, es fundamental tomar todas las medidas para determinar la suerte o paradero de la persona y que el derecho a ser buscado sea autónomo al de una investigación y sea asumido como finalidad en sí misma, como parte del derecho a la verdad”, resalta.

Érika Vanessa del Castillo (Morena) expuso que la reforma es necesaria “porque somos vulnerables a tener a alguien desaparecido, a una persona no localizada o sufrir nosotros una desaparición”. También de Morena, Hamlet García Almaguer precisó que la obligación del Estado de buscar a las personas va dirigida al gobierno federal, a los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos y gobiernos estatales y municipales.