La conductora de televisión Inés Gómez Mont sumó una cuarta orden de aprehensión. Un juez de control libró el nuevo mandamiento judicial a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ahora la acusa por el delito de defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos al eludir el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal de 2017.

En septiembre de 2021 la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres mil millones de pesos, al estar relacionados con empresas factureras y defraudar al fisco.

Además, en una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ambos son señalados de realizar operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras.

En su momento, la acusación se presentó ante un juez federal, y con base en la cual se libró la primera orden de captura. En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en una prisión federal: Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, estado de México, y ella, en la cárcel federal femenil que se localiza en Morelos.

Desde octubre de 2021 las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la Ficha Roja, y con ello que corporaciones policiacas de más de 190 naciones colaboren en la ubicación de los prófugos.

El pasado 16 de enero, el juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México negó a Inés Gómez Mont la solicitud de que se deje insubsistente la orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La jueza Patricia Marcela Diez Cerda determinó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actuó de forma acertada. Señaló que el delito no lo constituyó la abstención de enterar los impuestos del ejercicio fiscal de 2016, sino la posibilidad de que existan fondos, derechos o bienes que provengan de alguna forma de la comisión de un delito.

A Gómez Mont se le imputan varios cargos, sin embargo, este caso es aparte de la acusación del Ministerio Público que refiere que ella junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados desde la Secretaría de Gobernación de manera directa a empresas fachada durante la pasada administración federal.