En Guanajuato se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para la regionalización en materia de búsqueda de personas, en la que también participaron Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. En estas siete entidades se han reportado 63 mil 960 desaparecidos y no localizados.

Al encabezar este primer encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, destacó la importancia de estas acciones porque, dijo, es el reflejo de que existe conciencia del problema de desaparición en México y de las graves limitaciones institucionales para encarar este fenómeno.

Recalcó que es “asumir que no es un asunto que deba atender de manera aislada un gobierno local, una fiscalía estatal, un órgano defensor de derechos humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o las comisiones locales, sino que se requiere un esfuerzo institucional sin distingo de responsabilidades, sin celos institucionales para revertir este problema”.

Llamó a los presentes a sumar esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales. “Aquí todos tenemos una responsabilidad que cumplir y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y si lográramos, solamente, intercambiar las bases de datos en estos siete estados, por sus características regionales, por su contexto delictivo, podríamos encontrar resultados importantes”, sostuvo.

Encinas refrendó el compromiso del gobierno federal para trabajar en coordinación con los estados y canalizar subsidios a las comisiones estatales de búsqueda.

La reunión es la primera en la materia y reúne a fiscales de las siete entidades, órganos de derechos humanos y comisiones de búsqueda y atención a víctimas.

La directora general de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de la Información de la CNB, Sonja Perkic-Krempl, presentó la Agenda Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y señaló que su misión es ser la base para trazar la ruta hacia un programa territorial de búsqueda, adaptado al contexto de cada estado, que promueva además los acuerdos y compromisos necesarios.