Desde Buenos Aires, Argentina, donde participa en la séptima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el canciller Marcelo Ebrard dio información sobre el proceso legal interpuesto por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el estado de Florida, paralelo al juicio penal que se le sigue en Nueva York. Se trata de recuperar “cerca de 700 millones de dólares” que están vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, relacionados con 39 empresas y fideicomisos de los que García Luna o sus allegados son propietarios o en los que tienen participación, según una demanda civil interpuesta el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La cifra, equivalente a alrededor de 13 mil 300 millones de pesos al cambio actual, muestra la desmesurada corrupción alrededor de este individuo, por lo menos del sexenio de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto, cuando se le otorgaron cuantiosos contratos por supuestos servicios en materia de seguridad. Desde luego, el clímax del poder económico y político de García Luna, de su capacidad corruptora y de su acceso a los recursos del Estado, se dio durante el régimen de Felipe Calderón, quien lo hizo titular de Seguridad Pública, a pesar de que ya entonces existían indicios de sus vínculos con el crimen organizado.
Para cualquier ciudadano es motivo de indignación y asombro enterarse de que un funcionario público pudo apropiarse de semejante monto y permanecer impune durante casi dos décadas, pero el saqueo es sólo una cara de este asunto.
La otra, más inquietante incluso, es el poder que esos recursos dan a quienes actualmente los manejan; es decir, a los socios y cómplices de García Luna en las empresas y fideicomisos mencionados, así como a quienes le dieron contratos y lo ayudaron a eludir la acción de la justicia, tanto en México como en Estados Unidos.
La existencia de esa fortuna y su control por parte de elementos delictivos representan una amenaza inocultable para la paz, la seguridad pública y hasta la estabilidad del país, pues no se sabe qué atrocidades están dispuestos a perpetrar a fin de impedir que las autoridades la recuperen para beneficio de todos los mexicanos.
Por último, es obvio que 13 mil millones de pesos no pueden moverse y administrarse sin complicidades de alto nivel en el mundo de los negocios, por lo que se hace urgente descifrar y sacar a la luz dónde está y quiénes conforman la estructura financiera que permitió a García Luna manejar el botín que usó para construirse una fachada de empresario exitoso en Estados Unidos.
La cuantía de esta fortuna, aunada a los esfuerzos del equipo legal del creador de la Policía Federal calderonista para que no se hable de ella en el proceso que se le sigue en Nueva York, obliga a pensar que hay muchísimos cómplices de García Luna que andan sueltos, y no se trata sólo de ex policías como Facundo Rosas, Ramón Pequeño o Luis Cárdenas Palomino, sino potencialmente también de personalidades mucho más encumbradas del ámbito político y empresarial.
