La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que la presentación de denuncias dejaron al descubierto la existencia de un “grupo criminal”, formado por altos funcionarios de gobiernos anteriores, destinado a sustraer miles de millones de dinero público, lo que, aseguró, “no es un hecho aislado o que pudiera realizarse sin el consentimiento o participación de las más altas autoridades”.

Hoy se cuenta con todos los elementos de prueba para sustentar las acusaciones penales contra quienes están detenidos y próximamente se presentará a los jueces el material probatorio para sujetar a proceso a otras personas, señaló.

Además, se presentaron acusaciones contra funcionarios y ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, quienes establecieron una organización destinada a autorizar obras y edificaciones fuera de la ley a cambio de cuantiosos recursos económicos o incluso de inmuebles.

“Venimos de un largo periodo que hizo de la corrupción una forma de vida, de participación política, modelo de negocios y relaciones públicas. Aún ahora hay quien piensa que la corrupción es un derecho y lo asocian a la libertad política; para ellos es inadmisible que se toque a uno de los suyos”, afirmó.

Procesados sin precedente

Al presentar su tercer informe de actividades, donde destacó una disminución de 46.5 por ciento en delitos de alto impacto e histórica en el caso de homicidios dolosos con la tasa más baja desde 2015, que se traduce en 770 muertes violentas menos respecto de 2019, apuntó que en ningún estado del país se ha vinculado a proceso a tantos ex servidores públicos que ostentaron cargos de diputados.

Ello, en referencia a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito; dirigentes partidistas por explotación sexual de mujeres –Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre–; secretarios que desviaron recursos; directores que hicieron uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias, y otros por espionaje.

Asimismo, se enfrentan “todas las expresiones criminales con presencia en la capital, que no es ni será refugio de bandas”, por lo que fueron detenidos más de 300 generadores de violencia que “crecieron a la sombra de administraciones anteriores que negaban su existencia o había una franca connivencia”.

En su informe, al que acudió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se redujeron los robos de vehículos con y sin violencia, a transeúnte, a conductor o pasajero, y a negocio con violencia en 52, 33, 64 y 61 por ciento, en ese orden, respecto de 2019.

En tanto, los delitos de género disminuyeron 28 por ciento y nueve de cada 10 denuncias por desaparición de personas no están vinculadas a la comisión de ningún delito, y “no es una política de gobierno la desaparición ni la ausencia”, indicó.

Tras las discrepancias con la fiscalía de Morelos en la causa de la muerte de Ariadna López, consideró que por ley las fiscalías deberían iniciar la investigación de toda muerte violenta de una mujer con el protocolo de feminicidio.