Para el Instituto Nacional Electoral (INE), sujetarlo a las reglas presupuestales de la Administración Pública Federal significa intervención gubernamental y vulnerar su autonomía.

Al hacer un análisis sobre la reforma en la materia (conocida como Plan B) dijo que los cambios están sustentados en criterios de “oportunidad política” y no técnicos.

El informe será presentado este miércoles en la sesión del consejo general del INE; al mismo tiempo, hoy (martes) se realiza el segundo encuentro regional de funcionarios y consejeros electorales con los integrantes de la estructura estatal y distrital del Instituto, para exponer “riesgos e impactos” de la reforma, cuyo proceso legislativo concluye en febrero, aunque los cambios a de dos de las seis leyes abordadas ya entraron en vigor.

Otro de los puntos en los que el INE manifiesta su inconformidad es en la obligatoriedad de devolver recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación. Argumenta que los ahorros pueden ser utilizados en elecciones extraordinarias.

Igualmente asegura que es inconstitucional no considerar como personal especializado a los integrantes del servicio profesional electoral.

Defiende en la misma tónica al Secretario Ejecutivo y rechaza la inclusión del titular del Organo Interno de Control en funciones de administración de recursos y no solo de fiscalización de los mismos.

“Sujetar al INE a normas administrativas y presupuestarias que regulan al Ejecutivo Federal, cuyas autoridades encargadas de su vigilancia e interpretación son las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público, u obligar la instalación de módulos en edificios de gobiernos federales, estatales y municipales, vulnera la autonomía constitucional y la independencia que el órgano electoral debe tener con respeto a los actores políticos – incluidos gobiernos emanados de las elecciones que el propio INE organiza- , con el riesgo de generar inamovilidad institucional”, se indica en el documento de 164 páginas.

Advierte “repercusiones negativas” y un cambio “regresivo” en perjuicio de la organización de las elecciones y de la competencia política, principalmente – aduce- por el adelgazamiento de la estructura del INE.

Asegura que el recorte o reconfiguración de procedimientos “no responden a criterios técnicos sino de oportunidad política”.

Advirtió que sujetar al INE no a sus propias reglas sino a normas presupuestarias de la Administración Pública Federal vulnera su autonomía e independencia frente a gobiernos y actores políticos, lo cual generaría “inamovilidad institucional”.

Por estas razones, agrega, “la reforma produciría un efecto regresivo incompatible con el principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, conforme a los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El organismo manifiesta que “nunca ha excedido sus atribuciones constitucionales”, pero al mismo tiempo hace referencia a la expedición de un Reglamento de Elecciones y justifica que ante vacíos legales ha emitido acuerdos, reglamentos o lineamientos; todos los actos del INE pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al inicio del documento, el INE reprocha que no fue consultado para la realización del proyecto de reforma, aun cuando muchas de los cambios están relacionados con la estructura del organismo y con la preparación de las elecciones.

“Las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que el Instituto ha mantenido siempre una posición colaborativa en todas las instituciones del Estado mexicano”.