Apenas iniciado el año de la designación de un nuevo rector para la UNAM, la relación entre la institución y el Estado atraviesa por uno de sus momentos más críticos. El conflicto derivado de las acusaciones de plagio de la tesis de una ministra de la Suprema Corte de Justicia ha implicado la profundización de una brecha que parece cada vez más insalvable. Sin entrar por ahora en el importante tema del plagio académico, resulta impostergable preguntarse acerca del clima de hostilidad que, desde algunos sectores, ha surgido hacia la UNAM. Del legítimo reclamo para que el caso en cuestión sea resuelto con base en la legalidad y la ética universitarias, se ha pasado a un tono de acusaciones y descalificaciones a la institución y sus representantes. ¿Qué significan las presiones provenientes de los sitios más inesperados hacia la UNAM? ¿A quién beneficia el clima actual de tensiones?
La UNAM no es un territorio homogéneo o sin fisuras. Desde hace tiempo sabemos que hay temas que deben ser analizados de manera crítica y ser objeto de una profunda transformación. Si bien el problema de la ética académica hoy ocupa la máxima atención, lo cierto es que existen otros temas que deben ser tratados con el mismo afán. Un listado claramente incompleto de lo anterior incluye asuntos tales como la construcción de las decisiones, la preeminencia de la razón académica sobre cuestiones políticas o administrativas, la efectiva inclusión de las mujeres y otros sectores sociales desfavorecidos, así como la atención a la violencia y la inseguridad. Todo ello es bien sabido y la universidad cuenta con la autonomía y la responsabilidad para atenderlos.
Muy lejos de las interpretaciones cortoplacistas y coyunturales, hoy resulta necesario recordar que la UNAM representa un consistente proyecto de largo plazo y que, durante más de un siglo, ha tenido una incidencia profunda en el país. Si bien los hechos que conforman su historia reflejan una panorámica contingente y fundada en circunstancias específicas, lo cierto es que su historia continuada a lo largo de 112 años constituye una prueba irrefutable de sus aportes para la construcción del país. Baste recordar al respecto su importante papel en los procesos de democratización nacional, en la formación de cuadros para la gestión pública, en la construcción de ideas para la discusión política, así como en sus contribuciones a todos los campos del saber. Todo ello, forma parte del andamiaje histórico de una institución que hoy responde con distancia y mesura a las insólitas afirmaciones de personalidades tan opuestas como el mandatario actual, el ex presidente Fox e incluso a quienes, desde las redes sociales, hoy ensayan sus diatribas contra la institución. Resulta particularmente inquietante el tono ejercido por el Presidente y que incluye tanto la pretendida derechización de la UNAM –olvidando sus propias visitas al campus, así como las de Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas y los zapatistas– y los singulares reclamos bíblicos para que la institución atienda el tema del plagio en los términos señalados por el Ejecutivo.
En 10 meses más tomará posesión la persona que dirigirá a la Universidad Nacional entre 2023 y 2027. En dicho proceso la propia comunidad se pronunciará para hacer válido uno de los atributos centrales de la autonomía –el del gobierno institucional– otorgado a la UNAM en 1929 por el presidente Emilio Portes Gil. Aunque a lo largo de la historia diversos presidentes han buscado influir en el proceso de designación de la máxima figura unipersonal de la UNAM –hecho documentado por los propios ex rectores Garrido, Soberón o Sarukhán–, lo cierto es que hoy la comunidad universitaria está muy lejos de consentir cualquier intromisión gubernamental en su institución. Del gobierno de la transformación, del que pregona que “ya no es como era antes”, se espera la máxima consideración a la normativa vigente y el pleno respeto a una autonomía que no está a discusión: es un atributo de la institución que le permite cumplir con su encargo social.
El escenario de 2023 comienza con grandes incertidumbres. No obstante, es posible percibir una comunidad muy atenta a que su institución pueda transitar con bien este trayecto y para que el proceso de sucesión rectoral sea, además de legal y legítimo, claramente respetado por quienes tienen a su cargo el cuidado de las instituciones nacionales. Lo contrario se opondría no solamente a la Universidad Nacional, sino iría en detrimento de la construcción de un México mejor para todos.
*Investigador de la UNAM
