El Estado mexicano tiene un amplio marco jurídico a favor de los derechos de la población indígena, puesto que desde 2001 en una reforma al artículo 2 de la Constitución Política se reconoce como un Estado pluricultural; sin embargo, en la práctica existe una brecha para su ejecución, señaló la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (Renitli).

Durante la presentación de los hallazgos del proyecto Acciones para el Fortalecimiento de la Renitli: Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México, los integrantes de la red advirtieron que, “de no modificarse severamente la política y estrategia pública entorno de las lenguas indígenas mexicanas, la totalidad de éstas desaparecerán en 90 años”.

Se indicó que el acceso a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas de México sigue siendo un asunto pendiente: por ejemplo, en 2021, más de 45 por ciento de población de habla indígena privada de la libertad en el país no contó con un intérprete o traductor para su debido proceso.

La Renitli denunció el racismo del que son víctimas los intérpretes y lo calificó de problema estructural que, dijo, debe ser erradicado para un ejercicio pleno de los derechos de todos.

“Es necesario conocer y entender qué es el racismo y sus efectos hacia las personas racializadas, pues únicamente de esta manera se podrán superar las asimetrías de las identidades diversas de las personas que cohabitan el territorio nacional, especialmente las desventajas y vulnerabilidad que se han creado en torno a las culturas y lenguas indígenas.”

Sostuvo que por racismo se cree que la intervención de intérpretes es poco útil o transitoria mientras los indígenas aprenden español. En ese sentido, apuntó que en el país no se logran ejercer los derechos, en particular de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado haciendo uso de las lenguas indígenas nacionales, lo que significa una violación al debido proceso legal.

“Los que se apropian del campo jurídico no incluyen a quienes son diferentes o que tienen otra visión del mundo; continúan imponiendo una forma particular de concebir y regular el orden, principalmente porque el presupuesto oficial no tiene metas inclusivas”, indicó.