Ciudad de México. El conocido “plan B” de reforma electoral implica “una constelación de violaciones constitucionales que podría poner en riesgo la organización del proceso federal 2024”, dijo el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova.

Señaló que la reciente reforma afecta el método para la instalación de casillas y su integración ciudadana, con el cual se mantiene el riesgo que el conteo de los sufragios genere incertidumbre.

Desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, comentó aspectos que contiene el informe que presentará este miércoles durante la sesión de consejo general del INE.

Por ejemplo, que la modificación de las leyes en materia electoral y de comunicación social implica la transgresión a tres elementos.

Uno, “la intervención del poder” en los órganos electorales, vulnerando su autonomía e independencia; dos, la eliminación del Servicio Profesional Electoral Nacional que da garantía a la organización de las elecciones y la estructura permanente del INE que permite día a día conocer a la población y al territorio, y en tercer lugar, las condiciones de equidad en la contienda.

Destacó que la presencia territorial es indispensable porque se requiere que el personal sea de la zona, por lo que se pone en riesgo que no se instalen casillas y que el personal sea capacitado de manera adecuada como hoy lo hace el INE.

Detalló que actualmente el Servicio Profesional Electoral se compone de 2 mil 571 integrantes y con la entrada en vigor de la reforma desaparecería el 85 por ciento de esas plazas, “quedando sólo 600 de ellas”.

En tanto, el cambio en materia de comunicación social “confunde libertad de expresión con propaganda política, ya que se permite que los gobernantes se entrometan en las elecciones, retrocediendo 15 años luego de la aprobación de reforma electoral en 2007, que les impuso candados”.

Córdova lamentó que los cambios no se aprueben como fruto del consenso político, “ya que hubiera sido pertinente que las reglas de acceso al poder se hayan pactado, que sirvieran para mejorar el actual modelo electoral y que haya partido de un diagnóstico con cifras y datos duros sobre el sistema”.

Criticó la aprobación del llamado “plan B”, cuya entrada en vigor es inminente, y reiteró que serán impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el INE, así como por diversos institutos políticos que ya lo han anunciado, con lo cual pueden ocurrir dos cosas: que sean validadas o revocadas por la Corte.

Recalcó que el país atraviesa por una pluralidad política indiscutible, lo cual se puede ver en la alternancia existente, así como gobiernos divididos y parlamentos plurales que se dieron a través de una serie de reformas electorales: 1978, 1990, 1994, 2007 y 2014.

También insistió – como lo hace en casi todas sus exposiciones- que el INE ha organizado 330 procesos electorales -federales, locales y extraordinarios, al que se sumará uno más con la elección por una Senaduría en Tamaulipas en febrero próximo- con lo que se ha dado paz y estabilidad política al país en los últimos años.