Veinte estados con fiscales generales republicanos demandaron este martes al gobierno del presidente Joe Biden por un importante cambio en la política de inmigración que devolvería a más inmigrantes pero permitiría la entrada legal de 360 mil personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Texas, acusa al gobierno de Biden de crear “arbitrariamente” los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya logró detener temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Los cambios que Biden anunció este mes representan su medida más drástica hasta la fecha para hacer frente a la llegada de inmigrantes, que se ha disparado desde que asumió el cargo hace dos años. Las cuatro nacionalidades a las que se dirigió Biden constituyen ahora la mayoría de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera.

Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre se hicieron más de 2,38 millones de detenciones de migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. El gobierno ha tenido dificultades para tomar medidas drásticas contra los cruces, pues es renuente a adoptar medidas de línea dura que se asemejarían a las del gobierno de Trump.