El Estado mexicano tiene un amplio marco jurídico a favor de los derechos de la población indígena, puesto que, desde 2001 mediante una reforma al artículo 2 de la Constitución Política mexicana, se reconoce como un Estado pluricultural, sin embargo, en la práctica aún existe una gran brecha para su implementación, señaló la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (Renitli).

En conferencia, denunció el racismo que existe hacia los intérpretes como un problema estructural que, dijo, debe ser erradicado para un ejercicio pleno de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas.

"Es necesario conocer y entender qué es el racismo y sus efectos hacia las personas racializadas, pues únicamente de esta manera se podrán superar las asimetrías que existen entre las identidades diversas de las personas que cohabitan el territorio nacional, especialmente las desventajas y vulnerabilidad que se han creado en torno a las culturas y lenguas indígenas".

Enfatizó que uno de los efectos del racismo es que las lenguas indígenas se excluyan de los espacios públicos y de las instituciones del Estado mexicano, y que la intervención de intérpretes y traductores sea cuestionada, considerada poco útil o transitoria mientras las personas hablantes de lenguas indígenas aprenden español.

En ese sentido apuntó que el país no se logran ejercer derechos, en particular de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado haciendo uso de las lenguas indígenas nacionales lo que se traduce en la violación al debido proceso legal, "ya que persiste el racismo judicial en México, debido a que los que se apropian del campo jurídico no incluyen a los diferentes y su visión del mundo, continúan imponiendo una forma particular de concebir y regular el orden y principalmente, porque el presupuesto asignado a las instituciones no han sido suficiente para que las personas hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer efectivamente sus derechos lingüísticos".

Ante ello, agregó que organizaciones civiles, como el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET A.C.), la Organización de Traductores Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI A.C.), y de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales (AMBI. A.C), representantes de la Red Nacional de intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas (RENITLI), han efectuado desde 2013, encuentros nacionales para reflexionar, analizar e incidir en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan la formación, empleabilidad y remuneración de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en los servicios públicos.

Recordaron que el año pasado realizaron tres foros regionales, en la parte norte, centro y sur del país con la participación de 106 intérpretes y traductores de lenguas indígenas.

Ahí manifestaron la falta de pago por la labor como intérpretes traductores en los diferentes órganos de administración y procuración de justicia, pues reiteraron, "persiste una política de racismo institucional, al seguir enfrentándose a una serie de obstáculos y desventajas derivadas de procesos históricos sistemáticos, tales como la discriminación, la exclusión, la marginación social, al no tener un pago justo en tiempo y forma para quienes coadyuvan como puente de comunicación entre los sujetos obligados del poder judicial y la población involucrada en un proceso, mediante el empleo de canales de comunicación lingüístico que parten de una cosmovisión propia como intérpretes traductores en lenguas indígenas".