Fue el anuncio de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, frente a la inminente suspensión de pagos por parte del gobierno de esa nación a sus acreedores (domésticos y foráneos) como resultado de la negativa de un grupo de legisladores –mayoritariamente republicanos–, lo que hizo que el techo de la deuda se amplíe. En otras palabras, este aumento no es otra cosa que la autorización para que el gobierno pague a sus acreedores lo que ya gastó. Para que se realicen estos pagos, el Congreso debe autorizar al gobierno el aumento del límite de endeudamiento. Si no lo hace, éste se declarará en moratoria de pagos, con consecuencias múltiples, algunas muy graves, como no pagar los sueldos a millones de trabajadores federales.

Quienes insisten en que el gobierno no debe gastar más de lo autorizado en su nivel crediticio suelen comparar el gasto individual que se realiza en términos domésticos con el gasto del gobierno, cuyas obligaciones exceden a las de una persona. Por ejemplo, proveer servicios como la educación y la salud, destinados a millones de individuos, o el de infraestructura, cuyos beneficios se extienden a la economía de toda la nación. La única forma de mantener el crecimiento de ese gasto es mediante el crédito o el aumento de impuestos, o bien una combinación de ambos. La discusión, que no es nueva, se reduce a dos visiones de la sociedad: quienes consideran que el gasto social y el que beneficia a todos los sectores se debe eliminar porque debe ser responsabilidad de cada individuo hacerlo con sus propios medios, y quienes consideran que debe ser la sociedad en su conjunto la que garantice esos servicios con la intermediación del gobierno.

La hipocresía republicana en este tema quedó demostrada cuando, durante el gobierno de Barack Obama, hubo necesidad de aumentar el límite de endeudamiento y, como era previsible, los republicanos se opusieron. Por el contrario, no les importó aumentarlo durante el gobierno de Donald Trump, con el agravante de que el nivel de la deuda creció desproporcionadamente cuando optaron por reducir los impuestos, en mayor proporción a quienes más ganan. En esta ocasión la algidez política derivada de la elección reciente es aun mayor y la insensatez toma una vez más como rehén a la economía. La amenaza podría concretarse y dar pie a una nueva crisis que, entre otras cosas, pudiera reducir sensiblemente el crecimiento según pronostica más de un especialista. Los más perjudicados en este escenario, evidentemente, serían las clases más necesitadas.